DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0023/2021

Respecto a la facultad legislativa, cabe señalar que la SCP 1714/2012 de 1 de octubre, respecto a la misma entendió lo siguiente: “1. Facultad legislativa. El término facultad entendido como un poder de hacer, expresa en el ámbito legislativo la potestad de los órganos representativos de emitir leyes de carácter general y abstracto, cuyo contenido es normativo sobre determinada materia. En su sentido formal, este acto de emitir leyes debe provenir de un ente u órgano legitimado, es decir, representativo: Asamblea Legislativa Plurinacional o en su caso, los órganos deliberativos de las entidades territoriales autónomas con potestad de emitir leyes en las materias que son de su competencia. Cabe destacar, que esta potestad legislativa para las entidades territoriales -con excepción de la autonomía regional- no se encuentra reducida a una facultad normativo-administrativa, dirigida a la promulgación de normas administrativas que podrían interpretarse como decretos reglamentarios, pues esta interpretación no sería acorde al nuevo modelo de Estado compuesto, donde el monopolio legislativo ya no decanta únicamente en el órgano legislativo del nivel central, sino que existe una ruptura de ese monopolio a favor de las entidades territoriales autónomas en determinadas materias. Precisamente este es el cambio establecido por la Constitución cuando en su art. 272, otorga a las entidades territoriales autónomas el ejercicio de facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva en el marco de su jurisdicción, competencias y atribuciones a través de sus gobiernos autónomos…”.

En ejercicio de la indicada facultad, la ETA municipal cuenta con la potestad de emitir leyes en el ámbito de sus competencias y de su jurisdicción, siendo ésta una característica inherente al ejercicio de su autonomía en cuanto a la posibilidad no solamente de aprobar dichos instrumentos normativos, sino también de definir las formas y los procedimientos en virtud de los cuales se procederá a la aprobación de los mismos, ámbito en el cual corresponde declarar la compatibilidad de la disposición que ahora se analiza.