Auto Supremo AS/0100/2015-RRC

A los efectos de contrastación, la entidad recurrente invoca el Auto Supremo 213/2013-RRC de 27 de agosto, que sentó doctrina legal referida a los delitos de corrupción y su diferenciación con los delitos vinculados con corrupción, además de las reglas a ser tomadas en cuenta para la concesión de los distintos beneficios como la suspensión condicional de la pena, así como la observancia del principio de legalidad, refiriendo entre otros aspectos: “…a esta altura del análisis y considerando las disposiciones contenidas en el art. 112 de la CPE que dispone: ‘…los delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico, son imprescriptibles y no admiten régimen de inmunidad’; se establece con base a una interpretación contextualizada, que el legislador al sistematizar los delitos contenidos en la Ley 004 y desde el marco de proporcionalidad, estableció una diferenciación entre delitos propios de corrupción con delitos vinculados debe entenderse relacionados con corrupción, a partir de que los últimos por sí solos, no poseen como uno de sus elementos, los denominados ‘actos de corrupción que comprometan o afecten recursos del Estado’ en los términos y formas definidos en los arts. 1 y 2 de la Ley 004; en consecuencia, si bien taxativamente por imperio de la Ley, el beneficio de la suspensión condicional de la pena no procede en delitos de corrupción, debe entenderse que esta situación se improcedencia está referida a aquellos que resultan propios y se hallan consignados en los arts. 24 primer párrafo y 25 de la citada Ley, sin que exista limitación alguna para su concesión en los casos de los delitos vinculados con corrupción”