En ese sentido procede a citar las declaraciones de las testigos Ingrid Winchtendal Herrera (arquitecta
En ese sentido procede a citar las declaraciones de las testigos Ingrid Winchtendal Herrera (arquitecta que trabajó en el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz entre 23 y 24 años), Fernando Blanco Ruiz (arquitecto que trabajó como Director de Catastro y Asesor en el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz), Frank Erlan Chávez Rivero (que trabajó en la Secretaría de Desarrollo Humano de la Alcaldía Municipal), Ruth Amaya Vaca; asimismo, se refiere a las ratificaciones que hubo de pruebas documentales, que considera relevantes que fueron presentadas por la acusación particular y pública; asimismo, cita las pruebas PD 26 (copia legalizada del informe de asesoría legal 335/2003 realizado por la dirección de asesoría legal del Gobierno Municipal), PD-35 (copia legalizada del Convenio de Pago por expropiación de inmueble de 1 de diciembre de 2003), PD-36 copia legalizada de la Resolución Administrativa 870/2003 de 17 de diciembre de “2013” (sic), emitida por el ex Alcalde Roberto Fernández Saucedo), PD-37 (copia legalizada de la Resolución Administrativa 1402/2004 de 30 de septiembre de 2004), PD-38 (Testimonio de protocolización de documentos 1112/2004 ante la Notaria de Gobierno suscrito por María Teresa Leigue y la Alcaldía Municipal), PD-39 (8 folios reales en los que consta la venta de terrenos a favor del Gobierno Municipal), PD 40 (Certificado de pago por indemnización U.V. 149 UV 160 María Teresa Leigue Suarez y copias legalizadas de los pagos, certificaciones realizadas por Frank Erlan Chávez Rivero), PD-41 (solicitud de pago de segunda cuota realizada por María Teresa Leigue Suarez y copias legalizadas de los pagos, certificaciones realizadas por Frank Erlan Chávez Rivero), PD-41 (solicitud de pago de segunda cuota realizada por María Teresa Leigue Suarez de 13 de abril de 2004), PD-42 (Oficio 81/29005 D.G.C. dirigido a la arquitecta Ingrid Wichtendahl de Fernando Blanco Ruiz y documentación respaldada a fs. 68 de 1 de julio de 2005), PD-44 (respuesta al Requerimiento 006/2006 realizada por Ruth Amaya Vaca), PD-45 (Informe 008/2005 de 4 de julio, sobre caso expropiación de María Teresa Leigue, PD-46 (Copia Legalizada del Informe realizado por Magali Gutiérrez Vaca de 2 de febrero de 2006), PD-47 (copia legalizada de la Ordenanza Municipal 23/81), PD-55 (copia de la Resolución Administrativa 444/2002 de 13 de diciembre), señalando que con ello se demostró la confabulación para engañar al municipio cruceño, María Teresa Leigue Suarez conjuntamente con las ex autoridades municipales Roberto Fernández Saucedo, Osvaldo Gutiérrez Ortiz, Rolando Denald Chávez Arteaga, Rómulo Calvo Bravo y la participación de Luis Fernando Álvarez Núñez, aprovechando la confusión y necesidades de la gente del Plan Tres Mil y bajo el argumento de resolver sus problemas de tenencia de tierras se ajustaron a un ilícito acuerdo de pago de indemnización por el que las ex autoridades, ordenan pagar con recursos del municipio el importe de $us. 1.365.275,34.- a favor de María Teresa Leigue Suarez, según indica se demostró en las pruebas documentales relevantes detalladas
- Por memoriales presentados el 10 y 15 de noviembre de 2016, cursantes de fs
- I.1. Antecedentes
- I.1.1. Motivos de los recursos de casación
- De los memoriales de los recursos de casación y del Auto Supremo 349/2017-RA de 19
- II.1. Del recurso de casación del Ministerio Público
- II
- El recurrente luego de hacer una relación de los hechos, la Sentencia, su alzada y
- En ese sentido procede a citar las declaraciones de las testigos Ingrid Winchtendal Herrera (arquitecta
- Añade que la valoración defectuosa a las pruebas testificales y la no valoración a cada
- Manifiesta que debido a la errónea interpretación de la norma procesal que hace el Tribunal
- I.1.2. Petitorios
- I.2. Admisión de los recursos
- De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se establece lo siguiente
- Por Sentencia 91/2015 de 30 de julio, el Tribunal Cuarto de Sentencia del Tribunal Departamental
- b)Mediante Decreto Supremo 16917 de 25 de julio de 1979, se determinó planificar nuevos asentamientos
- c)Como consecuencia de la ocupación arbitraria a esos terrenos, mediante Informe técnico 61/2003 de 12
- d)Se tiene acreditado que Roberto Fernández Saucedo culminó un largo trámite; iniciado primero, por la
- sus subalternos, un trabajo netamente técnico, ello a efectos de determinar la cantidad de metros
- g)Con relación al coimputado Rolando Denald Chávez Arteaga, fue acusado de haber cometido el delito
- h)En cuanto a Roberto Fernández Saucedo que se desempeñaba como Alcalde Municipal de Santa Cruz,
- si no lo hacía el encausado
- j)Respecto a Rolando Denald Chávez Arteaga, denunciado en su condición de Director Administrativo y de
- l)En conclusión, a criterio de la mayoría de los miembros del Tribunal de Sentencia, no
- II.2. De las apelaciones restringidas
- El acusador particular Percy Fernández Añez, en su condición de Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal
- iii
- v
- II.3. Del Auto de Vista impugnado
- a)Respecto al defecto previsto en el art
- pruebas, resulta ser una denuncia contradictoria, dado que la defectuosa valoración denunciada halla vinculación con
- d)El Gobierno Municipal se refiere a sesenta y nueve pruebas aportadas; sin embargo, no tomó
- III.1. Recurso del Ministerio Público
- A tiempo de plantear su recurso de casación, el representante del Ministerio Púbico, denunció que
- de modo que el Juez puede admitir cualquier medio de prueba que estime útil y
- El avenimiento de nuestro sistema procesal a este método de valoración de prueba, exige una
- Los jueces de mérito son soberanos en la valoración de las pruebas, que las estiman
- El Tribunal de Sentencia, establece la existencia del hecho y la culpabilidad del procesado, mientras
- Ante la invocación de la violación de las reglas de la sana crítica, el Tribunal
- Para demostrar la violación a las reglas de la sana crítica es preciso que la
- Los principios lógicos nos previenen contra el posible error de juicio, pero no nos indican
- El análisis de las resoluciones a partir de la formulación de una crítica al sistema
- A ello, resultará de mucha utilidad recordar la labor de control de logicidad a la
- En virtud de dicho entendimiento, concluyó que: “…ante la denuncia de errónea valoración de la
- resolución debidamente motivada que exponga de manera clara y precisa, las razones para sostener que
- A dicho efecto, es posible verificar que los argumentos empleados por el Ministerio Público en
- -No se valoró el testimonio de la precitada, que se ratificó en la prueba 45
- -La transferencia irregular que hizo María Teresa Leigue Suárez al municipio, mediante Instrumento 112/2004 de
- -No se valoró la declaración del testigo de cargo, Fernando Blanco Ruiz, ni la prueba
- -Prueba documental 61, ofrecida y producida por el Ministerio Público que revela que Anita Suárez
- -Prueba documental 64 ofrecida y producida por el Ministerio Público que señala que el 7
- Precisó finalmente que la Sentencia en ninguna de sus partes realizó una interpretación y valoración
- A lo reclamado por el Ministerio Público, el Tribunal de alzada le respondió con el
- Asimismo, agrega que si bien se refieren a sesenta y nueve pruebas aportadas; sin embargo,
- Con relación a los argumentos expuestos por el Tribunal de alzada en el Auto de
- A estas alturas del análisis, resulta importante recordar que a efectos de viabilizar la labor
- Véase que respecto de la misma, se realiza un detalle pormenorizado, explicando finalmente que la
- Por lo tanto, con relación a este primer punto analizado, se evidencia que el Tribunal
- De otro lado, en la parte final del reclamo ahora analizado, se evidencia que el
- Por ser de interés al tema analizado, resulta necesario revisar el principio de convalidación, puesto
- Así en el caso, se evidencia que el recurrente no planteó su denuncia sobre la
- En el segundo inciso ii) del presente motivo, reclama el recurrente que los Vocales sostuvieron
- III.2. Del recurso de Percy Fernández Añez
- El acusador particular denunció que el Auto de Vista incurrió en errónea interpretación de la
- Teniendo presente que el presente motivo fue admitido por precedente, corresponde a continuación analizar la
- Por su parte, la doctrina legal aplicable contenida en el Auto Supremo 214 de 28
- Para que la fundamentación de una sentencia sea válida se requiere no sólo que el
- explícito; será pues obligación del recurrente, al alegar la infracción basada en la inadecuada aplicación
- El recurso basado en errónea apreciación de la prueba, tiene por finalidad examinar la sentencia
- Resulta deficiente el planteamiento cuando el recurso discurre en torno a las propias apreciaciones del
- - Denuncia que la Sentencia declaró la absolución de los acusados sin guardar relación entre
- -En cuanto a la validez y eficacia de la valoración a las pruebas ofrecidas, que
- -Los hechos fueron desmerecidos y el fallo se basó en apreciaciones subjetivas, desmereciendo los argumentos,
- Analizando los argumentos empleados por Percy Fernández Añez, es posible evidenciar que éste dio cumplimiento
- En consecuencia, siendo que en su recurso de apelación restringida, el acusador particular identificó expresamente
- De lo referido, es posible verificar que las autoridades de alzada, tenían la obligación de
- La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art
- Regístrese, hágase saber y cúmplase
- Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos