Sentencia Rol 3853 - 17

0000268 DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO 55°) Reconociendo que no es parte de esta litis y que contiene aspectos propios del mérito de la norma, no deja de llamar la atención el diseño de la acción de tutela de derechos fundamentales: es una acción de restablecimiento (al ordenar el cese actos vulneratorios), al mismo tiempo es una acción sancionatoria (contempla multas e inhabilidades de contratación) y a la vez es una acción indemnizatoria. Dentro de ello tiene un período de discusión limitado (no hay réplica ni dúplica) y está regido por los principios de celeridad y simplificación (ventilándose en él cuestiones de alta complejidad, difícil prueba y relevantes consecuencias), además de la única instancia en tribunal unipersonal, a lo que se suma el estar en una sede de carácter laboral, eminentemente especializada y tutelar, a la que el derecho administrativo propio de la función pública le resulta ajeno. VIII. Conclusión 56°) Qué, por todo lo expuesto, no puede prosperar el libelo formulado ni pueden darse por acreditadas las infracciones a la constitución alegadas, por lo que corresponde rechazar el requerimiento de autos. 57°) Que, a mayor abundamiento y sin perjuicio de todo lo expuesto, el lunes 9 de noviembre de 2020 se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 21.280, SOBRE EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL, cuyo artículo 1° dispone “Declárase interpretado el inciso primero del artículo 485 del Código del Trabajo en el siguiente sentido: Las normas de los artículos 485 y siguientes del Código del Trabajo, contenidas en el Párrafo 6° del Capítulo II del Título I del Libro V de dicho cuerpo normativo, son aplicables a todos los trabajadores, incluidos aquellos a los que hace referencia el inciso segundo del artículo 1° del Código del Trabajo, en virtud de lo dispuesto en los incisos primero y tercero de ese mismo artículo. También serán aplicables a los trabajadores que se desempeñen en los órganos señalados en los Capítulos VII, VIII, IX, X y XIII de la Constitución Política de la República y a aquellos que sus propias leyes declaren como autónomos”. Cabe observar que estamos en presencia de una norma interpretativa, que determina el sentido y alcance del artículo 485 del Código del Trabajo, con efectos erga omnes, lo cual también incide en lo referido a la órbita de aplicación del artículo 1 del mismo cuerpo legal. La presente sentencia se hace cargo de ello, constituyendo de tal manera uno de los elementos de juicio para rechazar el requerimiento, revirtiendo las líneas jurisprudenciales anteriores a la dictación de la Ley N° 21.280, SOBRE EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL. En cuanto al efecto del artículo 1° de la Ley N° 21.280, no puede preterirse lo dispuesto en el artículo 9, del Código Civil, norma que no ha sido cuestionada: “La ley puede sólo disponer para lo futuro, y no tendrá jamás efecto retroactivo. Sin embargo, las leyes que se limiten a declarar el sentido de otras leyes, se entenderán incorporadas en éstas; pero no afectarán en manera alguna los efectos de las sentencias judiciales ejecutoriadas en el tiempo intermedio”. 35