AMPARO DIRECTO 879/2016. 1 DE MARZO DE 2017. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: PAULA MARÍA GARCÍA VILLEGAS SÁNCHEZ CORDERO. PONENTE: VÍCTOR FRANCISCO MOTA CIENFUEGOS. SECRETARIO: KARLO IVÁN GONZÁLEZ CAMACHO.

"VIOLACIONES PROCESALES. EL QUEJOSO DEBE PRECISAR EN SU DEMANDA DE AMPARO DIRECTO LA FORMA EN QUE TRASCENDIERON EN SU PERJUICIO AL RESULTADO DEL FALLO, A FIN DE QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO CUMPLA CON LA OBLIGACIÓN DE EXAMINARLAS, SALVO LAS QUE ADVIERTA EN SUPLENCIA DE LA QUEJA. El artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los Tribunales Colegiados de Circuito que conozcan del juicio de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, deberán decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hacen valer, sea que se cometan en dichas resoluciones o durante el procedimiento, siempre y cuando afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo, así como en relación con aquellas que, cuando proceda, adviertan en suplencia de la queja. Ahora bien, el que la disposición constitucional no señale los requisitos que debe reunir la demanda de amparo directo para el estudio de las violaciones procesales, no significa que la ley secundaria no pueda hacerlo, en tanto que a ésta corresponde desarrollar y detallar los que deben cumplir las demandas para su estudio, ajustándose a los principios y parámetros constitucionales, esto es, deben ser razonables y proporcionales al fin constitucionalmente perseguido. Por tanto, el incumplimiento de la carga procesal a cargo del quejoso, en términos del artículo 174 de la Ley de Amparo, consistente en precisar en la demanda principal y, en su caso, en la adhesiva, la forma en que las violaciones procesales que haga valer trascendieron en su perjuicio al resultado del fallo, traerá como consecuencia que el Tribunal Colegiado de Circuito no esté obligado a su análisis, excepto en los casos en que proceda la suplencia de la queja y siempre que no pase por alto su obligación de atender a la causa de pedir expresada por los promoventes. Este requisito procesal además de resultar razonable, pues se pretende proporcionar al tribunal de amparo todos los elementos necesarios para el estudio del asunto, no puede catalogarse como excesivo y, por tanto, denegatorio de justicia y contrario al nuevo marco constitucional de los derechos humanos, previsto en el artículo 1o. constitucional, porque las garantías judiciales se encuentran sujetas a formalidades, presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos y medios de defensa que deben observarse por razones de seguridad jurídica, para una correcta y funcional administración de justicia, y efectiva protección de los derechos humanos."(14) (énfasis añadido)

Ahora bien, de la síntesis del concepto de violación, se advierte con claridad que el inconforme no cumple con el requisito apuntado, pues de ninguna forma precisa o, en su caso, tiene la intención -atento a la causa de pedir- de reflejar la forma en que trascendió la violación procesal reclamada en su perjuicio, al resultado del fallo.

Como quiera que sea, debe decirse que en el supuesto inadmitido de que el análisis de la constitucionalidad de la violación procesal donde se aplicó el numeral en comento, fuera procedente, reluce su ineficacia jurídica, pues bien entendidas las cosas, la confrontación entre lo que establecen los artículos 260, fracción VII y 985, ambos de la codificación civil adjetiva local en cita, evidencia que no hay base argumentativa alguna para afirmar que el primero se refiere a la forma en que el demandado formulará la contestación a la demanda y que dicho sea de paso, pertenece a la regulación del juicio ordinario civil y no del oral civil, establezca que "se deberán acompañar las copias simples de la contestación de la demanda y de todos los documentos anexos a ella para cada una de las demás partes", se sigue que, por tanto, deba correrse traslado, es decir, que el actuario adscrito acuda al domicilio del actor para hacer la entrega directa y no dar una simple vista, como la que establece este último precepto, lo que causa inseguridad jurídica.

Es así, porque aunque se ha querido distinguir entre el significado de las frases "correr traslado" y "dar vista" y hay quienes con base en esa distinción afirman que por lo primero se debe entender que la promoción o diligencia de que se trate, se quede en los autos del juicio para que de ella se enteren las partes y, por lo segundo, la obligación de entregar, por el conducto legalmente apropiado, copia de la promoción a la contraria para que la conozca y responda, si así conviene a su interés de parte procesal,(15) lo cierto es que el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México (sic), en su artículo 69, los tiene por sinónimos y establece que sólo significan que los autos quedan en la secretaría para que se impongan de ellos los interesados, para que se les entreguen copias, para tomar apuntes, alegar o glosar cuentas.(16)

Lo que echa por tierra el argumento del inconforme, pues si la única obligación del órgano jurisdiccional es dejar a disposición de los interesados la contestación de demanda y sus anexos, sea que se dé vista o se corra traslado, entonces no existe incertidumbre legal alguna pues, en esa circunstancia a quien corresponde acudir a imponerse de los mismos era, en el caso en estudio, al actor.