SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1060/2006-R

El art. 18 del DS 26237 dispone que el proceso interno es el procedimiento administrativo que se incoa a denuncia, de oficio o en base a un dictamen dentro de una entidad a un servidor o ex servidor público a fin de determinar si es responsable de alguna contravención y que la autoridad competente lo sancione cuando así corresponda. Consta de dos etapas: sumarial y de impugnación, esta última constituida por los recursos de revocatoria y jerárquico; por su parte, el art. 21 inc. a) del DS 23318-A, establece que el Sumariante es la autoridad legal competente para conocer de las presuntas faltas o contravenciones del servidor público y disponer la iniciación del proceso o pronunciarse en contrario con la debida fundamentación; por su parte, el inc. d) dispone acumular y evaluar las pruebas de cargo y descargo; y el inc. f) prescribe en caso de establecer la responsabilidad administrativa, pronunciar resolución fundamentada incluyendo un análisis de las pruebas de cargo y descargo y la sanción de acuerdo a las previsiones del art. 29 de la LACG.

Consiguientemente, en el marco jurídico analizado el derecho disciplinario, comprende el conjunto de normas substanciales y procesales en virtud de las cuales el Estado asegura la obediencia, la disciplina y el comportamiento ético, la moralidad y la eficiencia de los servidores públicos, con miras a asegurar el buen funcionamiento de los diferentes servicios a cargo de aquél, normas que en su contenido deben respetar los principios informadores del orden constitucional, entre ellos la garantía del debido proceso. En este contexto se ingresa a considerar los extremos denunciados en el recurso.