SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1060/2006-R

            De los antecedentes fácticos, se tiene que a partir del criterio de que el recurrente fue sometido a un proceso administrativo por la no utilización de 6.500 dosis de vacunas, resulta incongruente que la autoridad encargada de la etapa sumarial, disponga una sanción por un conducta distinta; es decir, por el supuesto uso de las vacunas vencidas, pues si consideraba que los elementos acumulados en el proceso sumario permitían establecer en términos de probabilidad responsabilidades por esa conducta, debió en todo caso ampliar el Auto Inicial a fin de permitir, que el recurrente en conocimiento de la acusación sobre la que se dictará la sentencia, pueda ejercer su derecho a la defensa; sin embargo, el recurrido Juez Sumariante no obró de esa manera, por el contrario, impuso la sanción de destitución por un hecho distinto al que determinó el inicio del proceso,  vulnerando la garantía del debido proceso del recurrente, no sólo en cuanto al derecho a la defensa (arts. 16.II y IV de la CPE), sino a lo previsto en los arts. 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 362 del CPP; acto ilegal, que pese a ser reclamado por el recurrente el 20 y 30 de septiembre de 2005, a través de la interposición de los recursos de revocatoria y jerárquico, no fue corregido por el Juez Sumariante a través de la Resolución 011/2005, de 27 de septiembre, ni por el correcurrido Director General Ejecutivo del SENASAG-MACA mediante Resolución 016/2005, de 9 de noviembre.