SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1060/2006-R

III.3. En el caso de autos, el recurrente denuncia que fue destituido de sus funciones como Coordinador Departamental del PRONEFA por una supuesta orden de uso de las vacunas vencidas que habría dado a sus subalternos, pese a que ese hecho no fue objeto de la investigación y determinación de responsabilidades; en ese sentido, para resolver esta problemática, es menester señalar que si bien es cierto que nuestra Constitución no refiere de manera expresa la exigencia de congruencia entre imputación y condena; al ser una garantía procesal que emerge de las exigencias del debido proceso legal, previsto por el art. 16.IV de la CPE, tiene un reconocimiento constitucional implícito; sin soslayar, lo dispuesto en el art. 8.2 del Pacto de San José de Costa Rica, que al referirse a las garantías judiciales mínimas, señala dentro de ellas: “b) Comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada”, y “c) Concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa”, las mismas que al estar contenidas en una convención sobre derechos humanos suscrita por Bolivia; “(…) forman parte del orden jurídico del sistema constitucional boliviano como parte del bloque de constitucionalidad, de manera que dichos instrumentos internacionales tienen carácter normativo y son de aplicación directa (…)” (así las SSCC 1494/2003-R, 1662/2003-R, entre otras).