SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1060/2006-R

Además es conveniente recordar que este Tribunal, en su jurisprudencia ha desarrollado entendimientos sobre el alcance, contenido y significado del respeto a la garantía del debido proceso, su reconocimiento como derecho fundamental y humano en un Estado de Derecho, así como su inexcusable observancia y exigibilidad en toda actividad sancionadora sea en el ámbito judicial o administrativo, estableciendo en la SC 0042/2004, de 22 de abril, entre otras, que “toda actividad sancionadora del Estado, sea en el ámbito jurisdiccional o administrativo, debe ser impuesta previo proceso, en el que se respeten todos los derechos inherentes a la garantía del debido proceso, entre los cuales se encuentra el derecho a la defensa, que implica a su vez, entre otros elementos, la notificación legal con el hecho que se le imputa al afectado, y con todas las actuaciones y resoluciones posteriores, la contradicción y presentación de pruebas tendentes a desvirtuar la acusación, la asistencia de un defensor, el derecho pro actione ó a la impugnación; asimismo, el derecho a la defensa, se relaciona directamente con los derechos a la igualdad de las partes ante la ley y ante su juzgador, al juez natural y a la seguridad. Además, cabe hacer notar que en la SC 0136/2003-R, de 6 de febrero, este Tribunal ha establecido que el derecho a defensa debe ser interpretado conforme al principio de favorabilidad antes que restrictivamente; posiciones todas, afines a la doctrina administrativa contemporánea”.

Esto implica, que en materia administrativa, cuando se desarrolla un proceso administrativo interno, los hechos que lo motivan deben ser precisados de tal modo que la persona sometida al proceso pueda ejercer ampliamente su derecho a la defensa encaminada a desvirtuarlos si así lo considera necesario; hechos atribuidos, que en su momento constituyen el límite de la decisión final que vaya a adoptar la autoridad Sumariante una vez finalizado el trámite, sin que tenga la opción de imponer una sanción por hechos distintos a aquellos que motivaron el proceso, pues lo contrario implicaría un desconocimiento al principio de congruencia.