SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0828/2006-R

En cuanto al derecho a la seguridad jurídica, que no es otra cosa que: “(…) la garantía de la aplicación objetiva de la ley, de tal modo que los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio. En consecuencia, es deber del Estado proveer seguridad jurídica a los ciudadanos, asegurando a todos el disfrute del ejercicio de los derechos públicos y privados fundamentales que reconocen la Constitución y las leyes” (SSCC 0567/2001-R, 0309/2002-R, 0493/2002-R, 0489/2003-R, 0917/2003-R), tampoco ha sido vulnerado, toda vez que la nulidad del cheque y la extinción de la acción penal, cuando se ha demostrado que el mismo ha sido utilizado como documento de garantía, está previsto por ley y por la jurisprudencia constitucional.