SENTENCIA CONSTITUCIONAL 2009/2010-R

En el caso concreto, las víctimas dentro del proceso penal que siguieron contra Humberto Trigo Guzmán, presentan el amparo constitucional impugnando el Auto Supremo 271 de 3 de octubre de 2007, pronunciado por las autoridades demandadas, por el cual se declaró la extinción de la acción penal a favor del imputado, con el argumento que se vulneraron sus derechos, a la igualdad de partes, a la seguridad jurídica y al debido proceso, en su componente a la fundamentación y motivación de las Resoluciones, por cuanto dicha Resolución fue pronunciada sin la debidas fundamentación y motivación, pues no consideraron al efecto la jurisprudencia constitucional vinculante, que establece que cuando la demora es atribuible a la conducta del imputado y a su excesiva previsión no procede la extinción, pues es requisito que la dilación sea atribuible al Ministerio Público o al Órgano Jurisdiccional, lo que en el caso concreto no sucedió. 

Conforme al problema jurídico planteado, este Tribunal únicamente se limitará a comprobar si el Auto Supremo impugnado se encuentra debidamente fundamentado y motivado, no pudiendo analizar otros aspectos vinculados a la competencia de la Corte Suprema de Justicia, ni al tema de fondo sobre la existencia de o no de actos dilatorios del imputado, del órgano judicial o del Ministerio Público, pues esa es una atribución de los jueces ordinarios.