SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1218/2010-R

En esa perspectiva, el segundo principio que debe considerarse es el de economía procesal, principio que no sólo busca la celeridad en la solución de los litigios para impartir pronta y cumplida justicia, sino que a la vez tiene como finalidad“…evitar que el trabajo del juez se vea duplicado y que el proceso sea más rápido, consiste, principalmente, en conseguir el mayor resultado con el mínimo de actividad de la administración de justicia” (SC 0803/2005-R de 19 de julio), para lograr una justicia pronta y efectiva.

Consiguientemente, no obstante que el accionante interpuso amparo constitucional sólo contra una de las autoridades que pronunciaron las Resoluciones que ahora impugna y no contra todos los que adoptaron las decisiones que cuestiona, cuya inobservancia amerita denegar la tutela sin ingresar al análisis de fondo de la causa; no es menos evidente, que los principios señalados obligan a este Tribunal Constitucional a resolver, en el fondo, la problemática jurídica planteada por el accionante con la finalidad de evitar indebidas interrupciones al normal desarrollo de los procesos judiciales que podrían darse no obstante de no existir lesión a los derechos considerados vulnerados.