SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 2252/2012

El art. 121-II del Código de Procedimiento Civil (CPC) determina que la citación por cédula procede cuando el operador de notificaciones ha representado ante la autoridad judicial la imposibilidad de encontrar a la persona a citarse luego de haber sido buscada por dos veces consecutivas en el domicilio señalado, ante lo que tal autoridad ordenará la referida citación por cédula que consiste en la entrega de la misma -constituida por la copia de la demanda y su admisión- a cualquiera de las personas nombradas en el parágrafo I de esta norma (familiares o dependientes mayores de catorce años), o fijada en la puerta del domicilio.En el recurso de hábeas corpus, por su carácter extraordinario y la inmediatez que se requiere para su resolución, la propia Constitución permite la citación con la demanda en forma personal o por cédula, omitiendo la representación del Oficial de Diligencias cuando no encontrare a la persona a citarse, pudiendo hacerlo en este caso, directamente por cédula. Sin embargo, esa permisión no implica la posibilidad de no acatar o incumplir las normas que para la citación por cédula establece el ordenamiento jurídico procesal, respecto a la necesidad de fijar la cédula en la puerta del domicilio, pues ésta es la forma que garantiza en mayor medida que el citado aprehenda conocimiento del contenido de la tantas veces citada cédula” (las negrillas son nuestras).

Jurisprudencia que es absolutamente pertinente en el escenario de la nueva Constitución y el régimen procesal, pues el art. 126 de la CPE, ha mantenido el mecanismo procesal de comunicación que había desarrollado el art. 18 de la Constitución Política del Estado abrogada (CPEabrg) y las normas procesales civiles interpretadas a momento de pronunciarse la SC 1092/2002-R de 13 de septiembre, se encuentran en plena vigencia, por ende este criterio debe mantenerse.

Asimismo, la normativa y jurisprudencia constitucional referida debe interpretarse y aplicarse considerando que el objetivo de las notificaciones es la de dar a conocer a las partes procesales sobre el contenido de un actuado procesal, así la SC 1845/2004-R de 30 de noviembre, estableció: “…los emplazamientos, citaciones y notificaciones (notificaciones en sentido genérico), que son las modalidades más usuales que se utilizan para hacer conocer a las partes o terceros interesados las providencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales o administrativos, para tener validez, deben ser realizados de tal forma que se asegure su recepción por parte del destinatario; pues la notificación, no está dirigida a cumplir una formalidad procesal en si misma, sino a asegurar que la determinación judicial objeto de la misma sea conocida efectivamente por el destinatario (así la SC 0757/2003-R de 4 de junio); dado que sólo el conocimiento real y efectivo de la comunicación asegura que no se provoque indefensión en la tramitación y resolución en toda clase de procesos; pues no se llenan las exigencias constitucionales del debido proceso, cuando en la tramitación de la causa se provocó indefensión (art. 16.II y IV de la CPE); sin embargo, en coherencia con este entendimiento, toda notificación por defectuosa que sea en su forma, que cumpla con su finalidad (hacer conocer la comunicación en cuestión), es válida'. Es evidente, que el objetivo, la razón de ser de toda comunicación judicial, es que llegue a su destinatario, hecho que le dará efectivamente la oportunidad a la persona a la cual está dirigida de enterarse de su contenido y cuando de la misma dependa su libertad las exigencias deben ser mayores, pues en tales casos la notificación tendrá que ser personal o mediante cédula en domicilio real del destinatario”.