Los suscritos Magistrados manifiestan su disidencia con la DCP 0069/2014 de 12 de noviembre, bajo los siguientes argumentos jurídicos constitucionales:

Las competencias, son asignadas por la Constitución Política del Estado en asignación primaria; además, son listas cerradas, así lo establece la SCP 2055/2012 de 16 de octubre, manifestando lo siguiente:“Asimismo, del análisis de la distribución de competencias efectuada por el Constituyente, se advierte que ésta es de carácter cerrado, esto implica, que ningún nivel de gobierno puede ampliar sus competencias a través de la asunción competencial en sus estatutos y cartas orgánicas sobre aquellas competencias que no hayan sido asumidas por otros niveles de gobierno, sino únicamente deben circunscribirse al ejercicio de las competencias expresamente establecidas en el listado competencial para su correspondiente nivel de gobierno…”; de la jurisprudencia citada, se entiende que las normas institucionales básicas no atribuyen competencias; es decir, no existe la posibilidad de asignación de las mismas vía COM, como se pretende en la última parte del artículo que se analiza.