Los suscritos Magistrados manifiestan su disidencia con la DCP 0069/2014 de 12 de noviembre, bajo los siguientes argumentos jurídicos constitucionales:

Por tanto, la Norma Suprema, establece que: cuando se trata de convenios intergubernativos es necesaria la participación del órgano deliberativo de acuerdo a lo que establece la ley, unas veces mediante la aprobación y otras mediante la ratificación. De la misma manera que los contratos, se sugiere establecer una clasificación de aquellos convenios que sí precisen la aprobación del órgano deliberativo, y cuáles no (las negrillas son nuestras)”.

De la jurisprudencia señalada, se entiende que no todos los convenios interinstitucionales deben ser aprobados por el órgano deliberante; sino solo aquellos, que por su implicancia ameritan el mencionado pronunciamiento del Concejo Municipal; lo mismos, que debieran encontrarse en una ley municipal.