SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0257/2014

De acuerdo al sistema de control de constitucionalidad vigente en nuestro país, donde prima el carácter plural, sustentado en la observancia de las distintas visiones existentes en el Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, cuya finalidad es lograr la materialización de los derechos contenidos en la Norma Suprema. Para dicho fin, el art. 196.I de la CPE, asigna al Tribunal Constitucional Plurinacional la específica función de resguardar el respeto y vigencia de los derechos fundamentales de cada persona, imponiendo al Estado el deber de garantizar su cumplimiento, de promoverlos, protegerlos y respetarlos. En ese marco, establece los mecanismos idóneos para dicha finalidad, así tenemos a las acciones de defensa contenidas en el Capítulo Segundo del Título IV de la Primera Parte de la Constitución Política del Estado, que forman parte del control plural tutelar de constitucionalidad.

Con la finalidad de lograr el efectivo respeto y vigencia de los derechos fundamentales, a través de una tutela directa e inmediata, la configuración procesal de las acciones de defensa se caracterizan esencialmente por la sumariedad, generalidad e inmediatez. Es así que la acción de amparo constitucional, de acuerdo a lo dispuesto por los arts. 128 y 129 de la CPE, se constituye en el medio idóneo, inmediato y efectivo para la protección de aquellos derechos que no estuvieren específicamente resguardados por otras garantías jurisdiccionales.

Al establecer el art. 128 que: “La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley”, y a su vez, el art. 129.I, que: “…siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías…”, advierte que la finalidad de esta garantía jurisdiccional, es el restablecimiento inmediato y efectivo del derecho conculcado por actos u omisiones de servidores públicos o de persona individual o colectiva. El cumplimiento de esa finalidad, sólo podrá lograrse mediante el estricto acatamiento del procedimiento fijado para esta acción por la Constitución Política del Estado, que implica la actuación diligente de parte del órgano jurisdiccional que actúa como tribunal o juez de garantías -dado el modelo de control de constitucionalidad- a través del principio de celeridad; y a su vez, la diligencia del afectado o agraviado en el pronto restablecimiento de su derecho.

Bajo ese contexto y teniendo presente lo dispuesto por el art. 129 de la Norma Suprema, la activación de la tutela que brinda la presente garantía jurisdiccional se rige esencialmente por los principios de subsidiariedad e inmediatez. El primero, definido como la inexistencia de otro medio o recurso legal para la protección inmediata de derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados.