DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0022/2014

               Por su parte, el art. 60.I de la LMAD, con relación a los estatutos y cartas orgánicas señala que: “…es la norma institucional básica de las entidades territoriales autónomas, de naturaleza rígida, cumplimiento estricto y contenido pactado, reconocida y amparada por la Constitución Política del Estado como parte integrante del ordenamiento jurídico, que expresa la voluntad de sus habitantes, define sus derechos y deberes, establece las instituciones políticas de las entidades territoriales autónomas, sus competencias, la financiación de éstas, los procedimientos a través de los cuales los órganos de la autonomía desarrollarán sus actividades y las relaciones con el Estado”.

               En este entendido, la jurisprudencia constitucional ha señalado que los estatutos y cartas orgánicas son normas básicas institucionales en las cuales se debe contemplar el andamiaje institucional de la entidad territorial autónoma, las atribuciones de los órganos y las autoridades de las mismas, los parámetros sobre cómo se ejercerá la gestión y administración pública de su jurisdicción, las competencias asignadas por la Constitución sobre las cuales deberá enmarcarse la gestión de las entidades territoriales, los mecanismos de coordinación con los otros niveles de gobierno, los procedimientos para la reforma de la norma básica institucional, entre otros aspectos.     

                   Asimismo, es importante puntualizar que el art. 410.II de la CPE, no estableció una gradación respecto de los diferentes tipos de leyes, con el único advertido de que la Norma Suprema determina que la aplicación de las normas jurídicas se realizará de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales autónomas. (conforme la SCP 2055/2012).