SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1366/2016-S3

El Juez Público Civil y Comercial Segundo de la Capital del departamento de Pando, constituido en Juez de garantías, por Resolución de 22 de agosto de 2016, cursante de fs. 57 a 60, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: 1) Los arts. 23 y 73 del Reglamento de Procesos Disciplinarios para las Jurisdicciónes Ordinaria y Agroambiental aprobado por Acuerdo 109/2015, plasman el derecho administrativo sancionador, determinando que la valoración de la prueba forma parte de una resolución fundamentada y que cada elemento probatorio debe valorarse de acuerdo a las reglas de la sana crítica de manera justificada; 2) La Resolución Administrativa Disciplinaria 10/2016 emitida por el Juez Disciplinario codemandado hizo referencia a la prueba documental y testifical, además de la inspección in visu, otorgando un valor probatorio a cada uno de estos elementos, estableciendo que la accionante incurrió en la falta disciplinaria prevista en el art. 187.14 de la LOJ; 3) La Resolución                     SD-AP 295/2016 dio respuesta a todos los puntos de agravio vertidos en apelación, entre ellos, la valoración de la prueba documental y testifical, evidenciándose que este fallo no carece de fundamentación; 4) La parte accionante en su memorial de amparo constitucional y en la audiencia de consideración de la misma, no explicó la relevancia constitucional sobre los aspectos que presuntamente vulneraron su derecho al debido proceso causándole indefensión material, tampoco expuso por qué o cómo podría llegarse a un resultado diferente, ni estableció la razón por la que la determinación de las autoridades demandadas se alejaron de los marcos de razonabilidad al valorar la prueba, limitándose a la simple enunciación de los hechos; y, 5) El principio de seguridad jurídica no puede ser tutelado, al no tener relación directa con el derecho al debido proceso y sus elementos.