DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0044/2019

Descripción.- El artículo analizado establece los deberes de las personas residentes y estantes en la jurisdicción municipal de Puerto Rico, a través de un catálogo, en el que el numeral 10 impone como obligación de estas personas el realizar acciones como la participación, elaboración, apoyo y seguimiento de programas y proyectos. Dicha previsión hace referencia a los programas y proyectos relacionados a la gestión del Gobierno Autónomo Municipal; es decir, establece una previsión obligatoria que se relaciona directamente con el ejercicio de la participación y el control social.

Descripción.- El artículo en examen, señala cuáles son las competencias exclusivas del Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Rico, de acuerdo con la Constitución Política del Estado; sin embargo, estas no son del todo concordantes con aquellas previstas en el art. 302.I de la Norma Suprema, por lo que su alcance se encontraría limitado.

Descripción.- El art. 29.III del proyecto de COM en análisis hace referencia a los casos en que se activa la sustitución de la máxima autoridad ejecutiva por las autoridades del Órgano Legislativo, Fiscalizador y Deliberante en el Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Rico, entre las que refiere la frase: “…o revocatorio…”; como una de las circunstancias que siguen el procedimiento establecido en la referida previsión, sin tomar en cuenta la norma constitucional específica a este instituto.

Particularmente, el parágrafo III de dicha norma establece de manera específica y paso a paso el tratamiento de proyectos normativos hasta la promulgación de una eventual ley autonómica; no obstante, en esta se incluye en la misma categoría de un proyecto normativo (Ley) a las “Resoluciones Municipales”, que son decisiones internas de carácter administrativo del concejo municipal, las cuales merecen un tratamiento distinto debido a sus características y finalidades.

Descripción.- Entre las atribuciones del ejecutivo municipal, el estatuyente de Puerto Rico propone que la estructura organizacional de ese órgano pase a consideración y aprobación del Concejo Municipal, aspecto que es adecuado en cuanto no se afecte la independencia y separación de órganos, sino que sea una remisión ejercida en atención a los principios de coordinación y cooperación; sin embargo, también establece que instrumentos propios del órgano ejecutivo sigan el mismo procedimiento de consideración y aprobación, incurriendo en una vulneración de los referidos principios por las razones que se expondrán a continuación.