SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0609/2019-S1
Fecha: 24-Jul-2019
Al punto 2 y 7
Al punto 2 y 7 referidos a la falta de transparencia e imparcialidad en las actuaciones del INRA, las autoridades demandadas respondieron señalando que previamente corresponde señalar el art. 8.I del DS 29215, que garantiza el control social y la participación de las organizaciones sociales y de otros sectores en los procedimientos agrarios en cualquier etapa; en ese marco, se acreditó a las autoridades de las organizaciones indígenas de la Central de Campesinos San José de Chiquitos y de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos “Apiaguiki Tumpa” evidenciándose de los antecedentes (acta de inicio de relevamiento de información de campo, y acta de realización de campaña pública), asimismo, cursa documentación generada en las pericias de campo consistentes en Ficha Catastral, Ficha de verificación de la FES y acta de conteo de ganado suscritas por Víctor Marlos Kublik en representación de Sandra Cristina de Souza Kublik, y el control social representado por Mónica Flores de Terrazas de la Central de Campesinos San José de Chiquitos; Santos Padilla Quispe, Secretario de Relaciones de la FSUTIOCR G-CH; y, Edhun Villegas Quejebi Secretario de Resolución de Conflictos FSUTC AT SC, en base a dicha documentación este Tribunal evidencia que no existe la participación de comunarios afiliados a la Comunidad Campesina Agropecuaria “Tierras Prometidas” que se encuentra en conflicto con el predio “Las Parabas”; en cuanto a la denuncia de avasallamiento de la Comunidad Campesina Agropecuaria “Tierras Prometidas” al predio objeto de saneamiento, consta la RA JAJ DD SC 073/2007 de 28 de noviembre, que dispone medidas precautorias de prohibición de innovar en el predio “Las Parabas” y otros, con la finalidad de garantizar la ejecución de los procedimientos agrarios mientras dure el saneamiento; al respecto, cabe precisar que la RA RA-SS 1999/2014 en su disposición sexta dispuso el desalojo de Sandra Cristina de Souza Kublik del referido predio.
Asimismo, en la disposición séptima se dispone de oficio: "Las medidas precautorias de prohibición de asentamiento o en su caso, desalojo de cualquier posesión ilegal de persona individual o jurídica sobre la tierra fiscal, de conformidad a los artículos 10 parágrafo II incisos a) y h), 421, 453 y 454 del Decreto Supremo Reglamentario N° 29215 de las leyes N° 1715 y Ley N° 3545" (sic). Por lo manifestado la actora no demostró los extremos denunciados del porque la participación de las organizaciones sociales acreditadas que participaron en pericias de campo, en calidad de control social, le habrían causado perjuicio o provocado indefensión; por lo que, este Tribunal se ve impedido de pronunciarse favorablemente con relación a lo demandado, similar razonamiento merecen las observaciones en cuanto al avasallamiento de su predio; toda vez que, producto de la información registrada en pericias de campo y demás documentación generada en el proceso de saneamiento, el INRA dispuso declarar la ilegalidad de su posesión por incumplimiento de la FES y su posterior desalojo, motivo por el cual no se puede pretender revisar tales aspectos que ya merecieron una valoración y control por parte de la autoridad competente, máxime si este Tribunal no identificó vulneración al ordenamiento jurídico vigente, reiterando en ese sentido que la información obtenida en campo y durante las diferentes etapas del proceso de saneamiento se constituyen en el insumo básico para que el Estado otorgue el derecho de propiedad a través de un Título Ejecutorial.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- 54574
- a)
- “…no se evidencia ninguna documentación que acredite la tradición del derecho propietario respecto al expediente Nº 56586 ‘las Parabas’ que tantas veces ha sido observado por la demandante…”
- I.1.2.Derechos y garantías supuestamente vulnerados
- 1)
- i)
- concedió
- II.1.
- II.2.
- II.4.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- así, la motivación y fundamentación de las resoluciones judiciales constituyen sus elementos preponderantes y persiguen tres fines específicos a saber; primero, permite que los Tribunales de instancia superior efectúen el respectivo control al fallo impugnado, habida cuenta que, a partir de una clara explicación de los motivos y razones para decidir en una u otra forma, las partes podrán interponer las respectivas impugnaciones y, a falta de ello el afectado estará en la imposibilidad de precisar contra qué criterios o conceptos dirigirá su impugnación; segundo, que el justiciable adquiera seguridad, confianza y convencimiento en la decisión asumida por la autoridad encargada de impartir justicia, que conlleve a comprender con meridiana claridad los motivos y razones que pudieron haber guiado a la autoridad para decidir en una determinada forma; asimismo, apreciar qué circunstancias y elementos de hecho y derecho fueron tomados en cuenta por el juzgador y, si las alegaciones y proposiciones probatorias fueron
- el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda resolución sea debidamente fundamentada.
- «Es imperante además precisar que toda resolución ya sea jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso debe contener los siguientes aspectos a saber: a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado»’
- «La obligación de fundamentar y motivar las decisiones judiciales, abarca también a las instancias judiciales de impugnación, en ese sentido, el entonces Tribunal Constitucional, a través de la SC 0040/2007-R de 31 de enero, haciendo referencia a la SC 0577/2004-R de 15 de abril, señaló que: ‘Esta exigencia de fundamentar las decisiones, se torna aún más relevante cuando el Juez o Tribunal debe resolver en apelación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades de primera instancia; (…), es imprescindible que dichas Resoluciones sean suficientemente motivadas y expongan con claridad las razones y fundamentos legales que las sustentan y que permitan concluir, que la determinación sobre la existencia o inexistencia del agravio sufrido fue el resultado de una correcta y objetiva valoración de las pruebas, del mismo modo que se exige al apelante cumplir con la obligación de fundamentar los agravios
- Por último, la Sentencia supra indicada, en relación a otro de los elementos del debido proceso como la congruencia señaló también lo siguiente
- ‘…la congruencia ha venido clasificada en diversos tipos o categorías que nos interesa anotar a los fines que se seguirán, y así es moneda corriente hablar en doctrina de incongruencia «ultra petita» en la que se incurre si el Tribunal concede «extra petita» para los supuestos en que el juzgador concede algo distinto o fuera de lo solicitado por las partes; «citra petita», conocido como por «omisión» en la que se incurre cuando el Tribunal no se pronuncia sobre alguno de los pedimentos que le han sido planteados,
- la jurisdicción constitucional no tiene competencia para ingresar a valorar la prueba, dado que ésta compulsa corresponde exclusivamente a la jurisdicción ordinaria, cuyos jueces y tribunales, conforme a la atribución que les confiere la Constitución de manera general; y las leyes de manera específica, deben examinar todo cuanto sea presentado durante el proceso y finalmente emitir un criterio con la independencia que esto amerita
- i) Cuales son las pruebas que fueron valoradas por las autoridades demandadas, apartándose de los marcos legales de razonabilidad, equidad, y cuales no han sido valoradas; y, ii) En qué medida, incide en el resultado de la resolución final, y si ésta hubiera sido diferente si se hubiera compulsado razonablemente la prueba existente en el caso
- a) Expresar de forma puntual cuáles serían los elementos probatorios que la autoridad demandada habría omitido valorar a tiempo de dictar la Resolución impugnada en el proceso judicial o administrativo; y, b) Señalar en qué medida dicha omisión valorativa de la prueba, expresada en no recibir, producir o compulsar cierta prueba, tiene incidencia en la resolución final”
- III.3. Análisis del caso concreto
- Sobre el reclamo de
- Al punto 1 y 3
- Al punto 2 y 7
- Al punto 4
- al punto 5
- Al punto 6
- Al punto 8
- punto 9
- a los nueve puntos de reclamo
- primero y tercero
- segundo y séptimo
- cuarto
- quinto reclamo
- sexto reclamo
- octavo reclamo
- noveno reclamo
- REVOCAR