VOTO DISIDENTE DE LA DCP 0003/2020
Fecha: 04-Mar-2020
de acuerdo a normativa vigente para municipios productores”
Al respecto, corresponde precisar que lo extrañado por la DCP 0003/2020 de 4 de marzo, se encuentra contemplado en el parágrafo I, en la que de forma expresa se hace referencia que la participación de las regalías será “de acuerdo a normativa vigente para municipios productores”. En ese entendido la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” ya prevé en el art. 105.9, con precisión la: “Participación en la regalía minera departamental, de acuerdo a normativa vigente, para municipios productores”.
Por otra parte, la sujeción de la participación de regalías departamentales a la normativa vigente supone que, en el marco de la Norma Suprema y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, corresponderá la aplicación de lo regulado por el Estatuto Autonómico del departamento de Santa Cruz, cuyo art. 128, respecto a la distribución de las regalías departamentales establece que:
I. Las regalías que recibe el Departamento por concepto de la explotación de los recursos naturales renovables y no renovables, se distribuirán de la siguiente manera: 1) 50% a las provincias productoras donde se originen las regalías. 2) 40% a las provincias no productoras. 3) 10% a las naciones y pueblos indígena originario campesinos del Departamento.
La citada distribución de regalías departamentales efectuada por la norma institucional básica del departamento de Santa Cruz, actualmente se encuentra en vigencia, cuya base constitucional emerge de la: “Administración de sus recursos por regalías en el marco del presupuesto general de la nación, los que serán transferidos automáticamente al Tesoro Departamental”, consagrado en el art. 300.I.36 de la Norma Suprema.
Consecuentemente, el art. 136 del proyecto de COM de Okinawa Uno, para efectos de la participación de las regalías departamentales, al remitirse a la normativa vigente, no resulta contrario a precepto constitucional alguno. Consiguientemente, no existe necesidad de condicionar la compatibilidad de dicho artículo a una interpretación. Por lo que, correspondía su declaratoria de compatibilidad pura y simple.
- 10
- a)
- II.1. Improcedencia de la declaratoria de compatibilidad condicionada a interpretación en control previo de constitucionalidad
- conservación de la norma
- confrontar el contenido de estos instrumentos normativos con la Constitución Política del Estado
- principio de conservación de la norma
- el control previo de constitucionalidad de los proyectos de normas institucionales básicas
- Fragmento 8
- Fragmento 9
- II.2.
- la mención de materias sobre competencias de carácter concurrente y compartido en las normas institucionales básicas, es aceptable en cuanto no ingresen a efectuar división o distribución de responsabilidades
- Constitución
- Ley determinará los criterios generales para la elección
- la sola mención declarativa, indicativa o precepto remisivo sobre algún ámbito material que esté en reserva de ley por sí no es incompatible
- Fragmento 15
- II.4.
- desarrolla las competencias asignadas en los arts. 298 al 304 de la CPE
- acreditación competencial, y este hecho resulta incompatible toda vez que la acreditación competencial no corresponde siendo lo correcto y concordante con la Constitución Política del Estado el referir asignación competencial que en realidad esa es la terminología correcta
- Acreditación Competencial'
- por lo que se declara la incompatibilidad del nombre del título “Acreditación Competencial” del Capítulo V de la presente Carta Orgánica, debiendo el estatuyente adecuar conforme lo descrito.
- Acreditación Competencial', y este hecho resulta incompatible toda vez que la acreditación en términos generales se refiere a un proceso voluntario en la que una entidad u organización puede medir la calidad de sus servicios o producto, que ofrece, así como el rendimiento frente a estándares nacionales o internacionales exigidos, consecuentemente el referirse como acreditación competencial no corresponde, puesto que bajo esa interpretación, las competencias estarían sujetas a estándares exigidos, o se medirían las competencias, extremo que no está previsto en la Norma Suprema
- de donde se advierte que la acreditación se constituye en una forma de confirmación sobre una atribución o facultad para el desempeño de una actividad ya establecida, bajo esa previsión y contrastando con la Constitución Política del Estado, resulta que tal acreditación no es aceptable; toda vez, que la Norma Suprema en el marco del nuevo modelo con autonomías establece y define competencias para los diferentes niveles del Estado, quienes deberán asumir de forma obligatoria, para lo cual, no es preciso acreditación alguna
- el ejercicio como tal de cada una de estas
- “
- ley
- minorías
- Artículo 136. (PARTICIPACIÓN DE LAS REGALÍAS DEPARTAMENTALES).
- de acuerdo a normativa vigente para municipios productores”
- III.
- IV.
- Régimen Electoral
- 25, 29, 30, 31, 32
- Artículo 234.
- Con relación al art. 29,
- En el marco, la Ley 482, las Entidades Territoriales Autónomas Municipales que no cuenten con su Carta Orgánica Municipal vigente, y/o en lo que no hubieran legislado en el ámbito de sus competencias, deben regirse por esta norma para determinar la estructura organizativa y funcionamiento de los Gobiernos Autónomos Municipales, de manera supletoria
- Con relación al art. 30,
- 1º
- DCP 0051/2019 de 24 de julio
- reelectas o reelectos de manera continua por una sola vez
- Con relación al art. 32
- la sola mención declarativa, indicativa o precepto remisivo
- la sola mención declarativa, indicativa o precepto remisivo sobre algún ámbito material que tenga reserva de ley, por sí misma no resulta incompatible
- 31
- II.5.4. Con relación a la frase “Acreditación Competencial”, contenida en el Título IV del proyecto, cuyos artículos son 128, 129, 130 y 131
- Sobre las competencias compartidas y concurrentes referidas en normas institucionales básicas
- Reserva de ley en la Norma Suprema y cláusula residual
- Asignación competencial en el diseño estatal boliviano
- Asimismo, del análisis de la distribución de competencias efectuada por el Constituyente, se advierte que ésta es de carácter cerrado, esto implica, que ningún nivel de gobierno puede ampliar sus competencias a través de la
- De la normativa aplicable para la convocatoria a sesiones extraordinarias y designación de autoridades interinas en los Gobiernos Autónomos Municipales