ANTECEDENTES PENALES DERIVADOS DE LOS PROCESOS SEGUIDOS POR DELITOS GRAVES. EL ARTÍCULO 124 BIS, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO, AL ESTABLECER LA EXPRESIÓN DE QUE AQUÉLLOS NO PRESCRIBIRÁN, NO CONTRAVIENE LOS ARTÍCULOS

La legislación en materia penal del Estado está condicionada en su validez, al respeto del contenido de las garantías de igualdad y de no discriminación del artículo 1o. constitucional.

En efecto, cuando el artículo 1o., último párrafo, de la Constitución Federal, prevé que: "Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas."; significa que el principio de igualdad y de no discriminación, cuando atente contra la dignidad humana y tenga como efecto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas es vinculante para todos los poderes públicos, lo que incluye al legislador en la regulación de las normas penales.

También es relevante recordar que la Constitución no sólo ha reconocido como principio constitucional la garantía de igualdad, sino que ha previsto una regla precisa en el sentido de prohibir toda discriminación fundada, entre otras razones, en la dignidad humana o cualquiera que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas; regla constitucional cuya estructura concreta y específica deja al legislador un margen muy estrecho de apreciación al momento de prever diferenciaciones en las leyes que le corresponde emitir a esos efectos.

Ahora bien, a pesar de la aplicabilidad de los derechos fundamentales de igualdad y de no discriminación para las personas que han cometido un ilícito frente al legislador, debe subrayarse que el ámbito penal justifica una distinta intensidad del ejercicio de tales derechos constitucionales para quienes han cometido un delito grave, lo que incluso llega a distinguir en cuanto a la naturaleza del ilícito cometido e intensidad de su impacto social.

Es verdad que el derecho a la igualdad y a la no discriminación, desprendido del artículo 1o. constitucional no puede significar ni que el legislador tiene que colocar a todos en las mismas posiciones jurídicas, ni que tenga que procurar que todos presenten las mismas propiedades naturales y se encuentren en las mismas situaciones fácticas, cuando es diferente el ilícito que cometen.

Sin embargo, el principio de igualdad no puede permitir toda diferenciación y toda distinción si ha de tener algún contenido. Si el principio general de igualdad se limitara a una práctica universalista de decisión, el legislador podría llevar a cabo cualquier discriminación sin violarlo, siempre que lo presentara bajo la forma de normas universales, algo que siempre es posible.

Este Tribunal encuentra, en consecuencia, que el derecho humano de igualdad es violada cuando para la diferenciación legal o para el tratamiento legal igual, según el caso, no es posible encontrar una razón suficiente que surja de la naturaleza de la materia regulada o que, de alguna otra forma, sea concretamente comprensible, es decir, cuando la diferenciación sea desproporcional, injustificada o arbitraria, lo que es aplicable a la norma penal de que se trata.

Así, corresponde al análisis de la existencia de la razón suficiente, como problema valorativo, a propósito del ejercicio del control judicial de las leyes que la Norma Suprema les ha encomendado.