AMPARO DIRECTO 769/2017. 20 DE ABRIL DE 2018. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: GONZALO ARREDONDO JIMÉNEZ. PONENTE: ADALBERTO EDUARDO HERRERA GONZÁLEZ. SECRETARIO: CÉSAR ESCAMILLA VÁSQUEZ.

* Copia de la respuesta que emitió **********, al oficio de nueve de octubre de mil novecientos noventa y ocho, dirigido por **********, recibida por **********.

Lo anterior, tal como se aprecia del escrito de tres de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, elaborado por la afianzadora quejosa, a fin de dar respuesta a la reclamación de pago formulada por la beneficiaria **********.

Dicha documentación le fue proporcionada a la propia afianzadora por parte de **********, según se aprecia del acuse de recibo correspondiente, que constituye el oficio **********, de dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, recibido por la afianzadora el diecinueve de noviembre de ese año.

En ese orden, ahora no es exacto que la afianzadora quejosa aduzca que si no pagó las fianzas, fue porque la beneficiaria incumplió con la exhibición de la documentación correspondiente y que, incluso, había reclamado montos en exceso.

De tal suerte que para la procedencia del pago de las fianzas otorgadas que garantizan el cumplimiento a contratos de obra pública, sólo se requiere la determinación administrativa de rescisión debidamente notificada al fiado (obligado principal), porque esta resolución es lo que construye la exigibilidad de la fianza y basta con dicho documento y, exhibirlo a la afianzadora para que se agote el aspecto que detona su exigibilidad y la empresa afianzadora no pueda denegar el pago, salvo los pormenores sobre el monto a cubrir de acuerdo con el grado o avance del cumplimiento, si es que ese supuesto pueda operar, lo que en el caso no obtuvo aplicación por las razones de que la obligación principal resultó indivisible, cuestión que, como ya se dijo, ha quedado totalmente sancionada mediante pronunciamiento jurisdiccional.

Lo anterior en acatamiento de la jurisprudencia 2a./J. 136/2005, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Segunda Sala, Novena Época, Tomo XXII, noviembre de 2005, página 49, materia administrativa, registro digital: 176708, de rubro y texto:

"FIANZAS OTORGADAS EN CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA. SON EXIGIBLES AUN CUANDO EN EL MEDIO IMPUGNATIVO CORRESPONDIENTE NO SE HAYA RECONOCIDO, POR RESOLUCIÓN FIRME, LA VALIDEZ DE LA RESCISIÓN DECRETADA POR INCUMPLIMIENTO DEL OBLIGADO PRINCIPAL, SALVO CUANDO EL DEUDOR PRINCIPAL OBTENGA LA SUSPENSIÓN O CUANDO EN LA PÓLIZA SE PACTE LO CONTRARIO Y LA LEY PERMITA CONVENIR SOBRE ESE ASPECTO.—La exigibilidad de la obligación principal a que se refieren los artículos 93 y 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, como presupuesto para reclamar el pago de las fianzas, surge a partir de que se notifica la rescisión decretada por incumplimiento del contratista, conforme a los artículos 72, fracción II, de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas (derogada por el artículo segundo transitorio de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en lo relativo a la materia de obra pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 2000) y 62, fracción II, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con la diferencia de que en términos de esta Ley, la fianza es exigible después de la notificación de la rescisión, previo pago del finiquito correspondiente; tal exigibilidad no desaparece aun cuando el beneficiario de la fianza haya reclamado el pago de la cantidad garantizada por la institución afianzadora y la obligación principal se encuentre subjúdice, debido a que el fiado –obligado principal– haya hecho valer algún medio de defensa en contra de la rescisión y la autoridad judicial o administrativa aún no emita resolución firme que reconozca la validez del acto administrativo, salvo en aquellos casos en que, expresamente, en la póliza de fianza se haya pactado que la exigibilidad de la fianza estará supeditada a que en los medios de defensa atinentes se emita decisión firme sobre la obligación principal y, además, la ley permita convenir sobre ese aspecto. Lo anterior es así, porque conforme a los artículos 8o. y 9o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al ser un acto administrativo, la rescisión debidamente notificada es eficaz y exigible mientras no se declare su invalidez por autoridad administrativa o jurisdiccional, según sea el caso; sin embargo, debe tomarse en cuenta que cuando el acto rescisorio sea combatido y el impugnante obtenga la suspensión de su ejecución, ya sea en el recurso administrativo o en el juicio contencioso correspondiente, dicha medida evitará también, por regla general, que la obligación accesoria sea cumplida por el fiador. Además, en caso de ejecutarse el cobro de la fianza, si la rescisión llega a invalidarse por determinación firme, la institución afianzadora que haya efectuado alguna erogación con cargo a la póliza de fianza no quedará en estado de indefensión, pues como la determinación de nulidad produce efectos retroactivos, en términos del artículo 6o. del último ordenamiento citado, aquélla tendrá derecho a que la cantidad pagada a la entidad beneficiaria le sea devuelta."