SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1319/2006-R
Fecha: 18-Dic-2006
recurso
En revisión la Resolución 11/2006, de 23 de enero, cursante de fs. 339 vta. a 341 vta., pronunciada por la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz dentro del recurso de amparo constitucional interpuesto por Abel Ágreda Méndez y Celsa Nogales de Ágreda contra Percy Fernández Añez, Alcalde; José María Cabrera y Cinthia Irene Asín Sánchez, Director Jurídico General y Jefa del Departamento de Iniciativas Jurídicas Estratégicas de la Alcaldía Municipal de Santa Cruz y Alfredo Jaldín Farell, Rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), respectivamente, alegando la vulneración de sus derechos a “la imparcialidad en la administración de justicia”, a la igualdad, a la seguridad jurídica, al trabajo, a la defensa y de la garantía del debido proceso reconocidos los últimos por los arts. 7 incs. a) y d) y 16.II y IV de la Constitución Política del Estado (CPE).
- recurso
- I.1.1. Hechos que motivan el recurso
- I.1.3. Autoridades recurridas y petitorio
- 1)
- a)
- deniega
- I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional
- II.1.
- II.2.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- II.7.
- II.9.
- II.10.
- II.11.
- II.12.
- III.1. Legitimación pasiva
- SC 0436/2004-R,
- cuando el administrador procede a aprobar y autorizar los planos y demás documentación técnica presentada por los administrados
- que la medida de paralización de obras haya sido resultado de un previo proceso administrativo por incumplimiento a normas municipales o de carácter técnico,
- por RA 583/2004, anuló obrados hasta el estado de analizar inclusive la solicitud de visación del plano de uso de suelo
- ya el 30 de junio de 2004,
- Fragmento 24
- no sólo que el Alcalde recurrido resolvió un recurso jerárquico inexistente
- , en un “trámite” en el que se tomó una determinación contra los intereses y derechos de los propietarios sin su intervención
- SC 0084/2004
- no existe duda que el Alcalde recurrido al dictar la RA 504/2005, ha vulnerado el derecho a la seguridad jurídica de los mandantes de la recurrente
- corresponde al Alcalde regularizar todo procedimiento,