SENTENCIA CONSTITUCIONAL 2631/2010-R

Finalmente, es menester referirse a la seguridad jurídica invocada en su momento por los accionantes como “garantía constitucional”. En vigencia de la Constitución Política del Estado promulgada el 7 de febrero de 2009, la seguridad jurídica se consagra como un principio que sustenta la potestad de impartir justicia emanada del pueblo, conjuntamente con la independencia, imparcialidad, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad (art. 178 de la CPE); y por otro lado, como un principio articulador de la economía plural en el modelo económico boliviano (art. 306.III de la CPE), conforme lo exterioriza la doctrina: “…la seguridad jurídica debe hacer previsible la actuación estatal para el particular, tal actuación debe estar sujeta a reglas fijas. La limitación del poder estatal por tales reglas, es decir leyes, cuya observancia es vigilada por la justicia, es contenido especial del principio de estado de derecho” (Torsten Stein. Seguridad Jurídica y Desarrollo Económico. FKA).

Siguiendo ese razonamiento coherente que se encuentra plasmado en el nuevo texto constitucional, este Tribunal estableció la naturaleza y alcance de ese principio rector del ordenamiento jurídico que emana del Estado de Derecho, en la SC 0070/2010-R de 3 de mayo, al precisar: “…la seguridad jurídica como principio emergente y dentro de un Estado de Derecho, implica la protección constitucional de la actuación arbitraria estatal; por lo tanto, la relación Estado-ciudadano (a) debe sujetarse a reglas claras, precisas y determinadas, en especial a las leyes, que deben desarrollar los mandatos de la Constitución Política del Estado, buscando en su contenido la materialización de los derechos y garantías fundamentales previstos en la Ley Fundamental, es decir, que sea previsible para la sociedad la actuación estatal; este entendimiento está acorde con el nuevo texto constitucional, que en su art. 178 dispone que la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta, entre otros, en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, probidad y celeridad”.

A su vez, la SC 0096/2010-R de 4 de mayo, puntualiza: “…se debe tener claramente establecido que 'la seguridad jurídica' al ser un principio, no puede ser tutelado por el recurso o acción de amparo constitucional que tiene por finalidad proteger derechos fundamentales -no principios-, reconocidos por la Constitución, las normas internacionales de derechos humanos reconocidos y/o ratificados por el país (que conforman el bloque de constitucionalidad) y las leyes; sin embargo, por su reconocimiento constitucional, no puede ser inobservado por las autoridades jurisdiccionales y/o administrativas, a momento de conocer y resolver un caso concreto sometido a su competencia, por tanto es de inexcusable cumplimiento”.