Los suscritos Magistrados, expresan su voto disidente con la DCP 0142/2016 de 15 de noviembre, en base a los siguientes argumentos jurídicos constitucionales:

La DCP 0142/2016, a tiempo de desarrollar un marco interpretativo para la declaratoria de compatibilidad de la Disposición Final Primera de la COM de El Villar, cita a la DCP 0027/2016 de 11 de abril, en la cual se advierte una incongruencia interpretativa, debido a que la misma señala que a partir de la DCP 0026/2013 de 29 de noviembre, se establece que: “…la vigencia de las normas institucionales básicas, no pueden estar condicionadas a otras circunstancias que no estén previstas en el art. 275 de la CPE, o en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”; en tal sentido, menos a cuestiones formales como la promulgación y/o publicación…”, entendimiento que habría sido subsecuentemente seguido en la emisión de otros fallos constitucionales; sin embargo, la DCP 0026/2013, nunca llegó a las conclusiones que se le atribuyen, siendo así que en el entendimiento extractado de dicha Declaración, no declara la incompatibilidad de la promulgación o publicación de las Cartas Orgánicas como requisito de vigencia, como interpreta de mutuo propio la DCP 0027/2016, sino declara la incompatibilidad de un procedimiento que difería la vigencia de la Carta Orgánica Municipal, conforme se advierte del análisis constitucional del art. 167 del proyecto de COM de Camataqui-Villa Abecia efectuado mediante la referida DCP 0026/2013, conforme se cita a continuación: “ARTÍCULO 167. Disposiciones que regulen la transición hacia la aplicación plena de la Carta Orgánica

La Carta Orgánica Municipal entrará en vigencia plena, a partir de las próximas elecciones municipales, mientras tanto en transición serán aplicables las normas contenidas en la Ley de Municipalidades, la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, la Constitución Política del Estado Plurinacional y todas aquellas que tienen relación y aplicación al ámbito municipal.

La presente propuesta normativa se contrapone a lo establecido en el art. 275 de la CPE que señala: ‘Cada órgano deliberativo de las entidades territoriales elaborará de manera participativa el proyecto de Estatuto o Carta Orgánica que deberá ser aprobado por dos tercios del total de sus miembros, y previo control de constitucionalidad, entrará en vigencia como norma institucional básica de la entidad territorial mediante referendo aprobatorio en su jurisdicción’.