Los suscritos Magistrados, expresan su voto disidente con la DCP 0142/2016 de 15 de noviembre, en base a los siguientes argumentos jurídicos constitucionales:
Fecha: 15-Nov-2016
los mismos que pueden o no reclamar para sí una identidad propia,
En tal sentido la expresión ‘naciones y pueblos indígenas originario campesinos’, no alude estrictamente ni a naciones ni a pueblos, que pudieran identificarse unos u otros en diferencia, así como tampoco lo hace con relación a indígenas, originarios o campesinos los mismos que pueden o no reclamar para sí una identidad propia, que se refiere a quienes habiendo poblado aún antes de la colonia, la amazonia, chaco, altiplano, llanos y valles, con rostros diferentes y diversidad de culturas, han mantenido a lo largo de la historia, sus raíces y filosofía de vida, naciones y pueblos indígena originario campesinos que hoy junto a todos los bolivianos y bolivianas habitamos la Madre Tierra formando el pueblo o nación boliviana que es de composición plural.
Lo ‘indígena originario campesino’, por otra parte, está vinculado precisamente a la composición plural del pueblo boliviano en cuya historia destacan, como señala el preámbulo de la Constitución Política del Estado, luchas, sublevaciones, marchas y movimientos que a lo largo del tiempo han ido estructurando a naciones y pueblos arraigados a la tierra, en torno a organizaciones cuyos planteamientos fueron trasladados a la asamblea constituyente”.
En consecuencia, la COM de Sena puede reclamar para su municipio determinada identidad, sea indígena u originario o campesino, aspecto que no debió ser desconocido ni rebatido por parte de la DCP 0142/2016 por cuanto se trata de un derecho de autoidentificación a nivel local, por lo cual la identificación de los pobladores del municipio sea como indígenas u originarios o campesinos no debiera ser causal de incompatibilidad.
c) Respecto a los preceptos que debieron ser declarados incompatibles en parte -art. 44.3 del proyecto de COM-, consideramos que efectivamente la designación de autoridades de los Distritos Municipales Indígenas Originarios Campesinos deben ser electas por normas y procedimientos propios, aspecto que no da lugar a la designación de acuerdo a ternas por parte del Alcalde Municipal quien debe respetar la elección de la autoridad del Distritos Municipales Indígenas Originarios Campesinos por parte de sus pobladores según sus normas y procedimientos propios; por consiguiente, correspondía declarar la incompatibilidad de la frase: “…en coordinación con las ternas presentadas por los indígenas…” (sic).
En tal sentido la expresión ‘naciones y pueblos indígenas originario campesinos’, no alude estrictamente ni a naciones ni a pueblos, que pudieran identificarse unos u otros en diferencia, así como tampoco lo hace con relación a indígenas, originarios o campesinos los mismos que pueden o no reclamar para sí una identidad propia, que se refiere a quienes habiendo poblado aún antes de la colonia, la amazonia, chaco, altiplano, llanos y valles, con rostros diferentes y diversidad de culturas, han mantenido a lo largo de la historia, sus raíces y filosofía de vida, naciones y pueblos indígena originario campesinos que hoy junto a todos los bolivianos y bolivianas habitamos la Madre Tierra formando el pueblo o nación boliviana que es de composición plural.
Lo ‘indígena originario campesino’, por otra parte, está vinculado precisamente a la composición plural del pueblo boliviano en cuya historia destacan, como señala el preámbulo de la Constitución Política del Estado, luchas, sublevaciones, marchas y movimientos que a lo largo del tiempo han ido estructurando a naciones y pueblos arraigados a la tierra, en torno a organizaciones cuyos planteamientos fueron trasladados a la asamblea constituyente”.
La jurisprudencia constitucional desarrollada por el Tribunal Constitucional Plurinacional, entendió que la plurinacionalidad es un elemento que debe transversalizar toda la institucionalidad estatal, incluidas las autonomías, por lo que el aparato estatal debe materializar la pluralidad en la administración pública y debe ser capaz de desarrollar una gestión para el vivir bien. Por lo que, las autonomías al ser instancias de administración más próximas a los ciudadanos deben ser capaces de diseñar instituciones que adopten modelos de gobernabilidad amplios y plurales para garantizar una administración pública, en el marco de los principios y valores constitucionales.
Esta caracterización de la institucionalidad estatal conlleva a la conformación de entidades pluriculturales, aspecto que se expresa de manera enfática en los gobiernos locales municipales donde existe una marcada presencia de miembros de naciones y pueblos indígena originario campesinos, mismos que reflejan la identidad cultural del municipio que en muchos casos puede ser variada. Sobre lo referido, no debe extrañarse que estos aspectos relacionados con la autoidentificación de los pobladores del municipio, puedan encontrarse incluidos en la normativa emitida por las ETA municipales, no siendo la Carta Orgánica una excepción que sin lugar a dudas puede expresar las características propias de la población sobre la cual regirá, teniendo presente su elaboración participativa, en especial tratándose de gobiernos de carácter local.
En el entendido precedentemente referido, debe tenerse presente que la autoidentificación de la población de un municipio reflejada en su Carta Orgánica no significa vulneración a la Constitución Política del Estado, considerando que en el mandato del art. 21.1 de la Norma Suprema, la autoidentificación se constituye en un derecho fundamental, en cuyo entendido la población podrá identificarse como indígenas o como originarios, o como campesinos, aspecto que sí se encuentra así reflejado en la normativa municipal o en la Carta Orgánica que no debiera merecer mayor observación en consideración del derecho a la autoidentificación.
- Artículo 12.- DE LA AUTONOMÍA.
- Análisis
- II.
- III
- Artículo 21. JERARQUÍA JURÍDICA MUNICIPAL.
- Facultad fiscalizadora.
- Facultad deliberativa.
- aprobados por el concejo municipal y con el pronunciamiento de la instancia de participación y control social correspondiente
- la
- Artículo 33. PROHIBICIONES.
- Artículo 34. INCOMPATIBILIDADES.
- Consideraciones particulares sobre el artículo 34 parágrafo I
- a tiempo completo
- Fragmento 14
- lo cual implica que no todas las veces que se emplee el término “municipio” en las COM debe entenderse que se hace referencia a un espacio territorial (UT), sino que puede hacer referencia al constructo sociopolítico que implica territorio, población y gobierno municipal
- Artículo 43. Atribuciones de la Alcaldesa o el Alcalde.
- Artículo 70. Disposición general de la participación y el control social.
- sociedad civil organizada
- coordinación
- Los gobiernos autónomos actuarán conjuntamente con el nivel central del Estado en la satisfacción de las necesidades colectivas, mediante la coordinación y cooperación
- sobre los subalcaldes y sus atribuciones
- Fragmento 22
- los mismos que pueden o no reclamar para sí una identidad propia,
- Artículo 74. Acceso a la información.
- Artículo 81. Distritos municipales.
- con las organizaciones sociales
- Fragmento 27
- Artículo 94. Patrimonio cultural.
- Fragmento 29
- y así se denominen solamente como indígenas o como originarios o
- a los pueblos tribales
- Artículo 153. Régimen Productivo Artesanal.
- pues podría confundirse con un proceso de transferencia y/o delegación de competencias, figuras constitucionales que tienen una naturaleza y un carácter que se rige por el principio de la voluntariedad
- Artículo 164. Procedimiento de reforma de la Carta Orgánica total o parcial.
- La Ley Marco de Autonomías y Descentralización regulará el procedimiento para la elaboración de Estatutos autonómicos y Cartas Orgánicas
- La reforma total o parcial de los estatutos o las cartas orgánicas
- Cada órgano deliberativo de las entidades territoriales
- debido a la importancia del tema desarrollado, es preciso que al momento de considerar la iniciativa ciudadana como mecanismo para activar la reforma total o parcial de una carta orgánica o estatuto autonómico, el estatuyente debe realizar una abstracción de lo señalado en el art. 411 de la CPE, referido a la cantidad de firmas del electorado requeridas para iniciar la reforma, ya que al ser un cuerpo normativo que define visión, características, modo de organización, fines y asunción de competencias, además de haberse revestido de vinculatoriedad al momento de someterse a un referéndum, debe estar conforme al lineamiento general ya trazado por la Constitución Política del Estado
- la iniciativa para la reforma total o parcial de la Carta Orgánica Municipal, provendrá de la ciudadanía acreditando la firma del 20% del padrón electoral municipal, aspecto que por analogía, el estatuyente se adecuó a lo previsto por el art. 411 del texto constitucional
- Un deber de honra y defensa de símbolos cualesquiera que fueren puede colisionar con la libertad de expresión y la libertad de conciencia. Es por ello que, bajo el entendido de que el deber del ciudadano frente a los símbolos estatales está marcado esencialmente por la noción de respeto, este Tribunal se ve impelido a declarar la inconstitucionalidad de los términos ‘honrar y defender’ insertos en la disposición analizada
- respetar
- Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país
- las personas que desempeñan funciones públicas
- Artículo 22. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y LA IDENTIFICACIÓN DE SUS AUTORIDADES.
- la DCP 0026/2013, nunca llegó a las conclusiones que se le atribuyen, siendo así que en el entendimiento extractado de dicha Declaración, no declara la incompatibilidad de la promulgación o publicación de las Cartas Orgánicas como requisito de vigencia
- Se entiende entonces que el procedimiento para la vigencia de las cartas orgánicas está perfectamente determinado en la norma aplicable
- Su publicación en este órgano determinará la entrada en vigencia de la norma
- La publicación de una norma se traduce se dos momentos; una primera con la promulgación, entendida como un acto solemne que configura la publicación formal de la norma; y un segundo momento se constituye con la publicación propiamente dicha en la gaceta oficial con el que se configura la publicación material de la norma