Auto Supremo AS/0130/2017-RRC

b) Continúa señalando que, el Tribunal de Sentencia, al considerar en su cuarto hecho probado que no se demostró que el imputado hubiere recibido la suma de Bs. 4250.- (cuatro mil doscientos cincuenta bolivianos), por la insuficiente e inconsistente prueba de cargo, con el cual bajo el principio de duda absuelven de pena y culpa al acusado, vulnera el art. 365 del CPP; por cuanto, sus consideraciones y conclusiones recogen la antigua concepción dispuesta en el art. 243 del CPP abrogado, donde se estableció que para dictar Sentencia condenatoria, debía existir prueba plena, criterio que al presente ha sido superado por el actual sistema procesal penal, porque el art. 365 del CPP, solamente requiere prueba suficiente; sin embargo, el Tribunal por falta de conocimiento suficiente de las reglas idiomáticas y gramaticales, tergiversan el alcance de la expresión “Cuando la prueba aportada sea suficiente para generar convicción sobre la responsabilidad del imputado” (sic), exigencia que no puede ser confundida con las exigencias del antiguo Código, para justificar una absolución amparada por el art. 363 incs. 1) y 2) de dicho Código, pues al mismo tiempo esa absolución basada en la referida norma es incongruente, porque no es lo mismo que no se haya probado la acusación y que la prueba aportada no sea suficiente, estos dos presupuestos son excluyentes y por eso el Tribunal al absolverlo al acusado amparado en los incisos señalados, incurrió en una errónea aplicación de la ley procesal penal, por eso se considera que violó la garantía procesal del debido proceso, consagrado en el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE); por consiguiente, el Tribunal de Sentencia, en aplicación a esa innovación contenida en el art. 365 del CPP, debió dictar sentencia condenatoria, imponiendo la pena de ocho años de privación de libertad