SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0010/2010-R

El recurrente -ahora accionante- arguye que las autoridades demandadas vulneraron sus derechos a la libertad, a la presunción de inocencia, a la defensa, al trabajo y el debido proceso, por cuanto: 1) La Fiscal: a) Nombró defensora, sin su consentimiento, a una abogada que no es funcionaria de Defensa Pública ni  defensora de oficio de la Corte Superior; b) Ordenó su detención mediante una Resolución ilegal y arbitraria sin fundamentación; c) Presentó la imputación formal sin fundamentación y con datos incorrectos respecto a su declaración informativa, ante una Jueza incompetente, de Arani, pese a que estaba dirigida, al igual que el informe del inicio de las investigaciones, a la Jueza de Punata; 2) La Jueza: a) Usurpó competencia y funciones de la autoridad a quien estaban dirigidos el informe y la imputación; b) Generalizó las declaraciones de los imputados, sin tomar en cuenta que él se acogió al silencio; 3) La abogada recurrida, ahora demandada, no denunció la ilegal detención e incompetencia, y 4) Los Vocales recurridos, ahora demandados, declararon inadmisible su recurso de apelación con el argumento que fue presentado a destiempo, sin considerar que todo el Poder Judicial estuvo de paro el 5 de junio de 2007 extremo que le impidió presentar oportunamente el recurso. Corresponde analizar, en revisión, si de acuerdo a los datos del cuaderno procesal, las normas constitucionales y legales aplicables, se debe o no otorgar la tutela solicitada.