DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0008/2013

Ahora bien, el art. 271 y la Disposición Transitoria Tercera de la Constitución Política del Estado, regulan de manera diferenciada el acceso a la autonomía departamental y en desarrollo de éstos el art. 49.II de la LMAD, precisa que: “Por mandato de los referendos por autonomía departamental de 2 de julio de 2006 y 6 dediciembre de 2009, todos los departamentos del país acceden a la autonomía departamental de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución Política del Estado y la presente Ley”, recogiendo los dos hitos políticos que en el pasado reciente marcaron el tránsito hacia las autonomías departamentales: i) El primero de carácter pre-constitucional, se materializó en el referendo por autonomías llevado a cabo el 2 de julio de 2006, en cuya virtud, los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, manifestaron su voluntad de ingresar a un régimen autonómico y en los que además se promovió la elaboración de proyectos de estatutos de autonomía que fueron posteriormente aprobados mediante consultas populares desarrolladas el 2008 (el 4 de mayo en Santa Cruz, el 1 de junio en Beni y Pando, y el 22 de junio en Tarija), cuyos resultados fueron constitucionalmente reconocidos en el parágrafo II de la Disposición constitucional Transitoria Tercera en los siguientes términos: “Los departamentos que optaron por la autonomía departamental en el referendo del 2 de julio de 2006, deberán adecuar sus proyecto de Estatutos a esta Constitución y sujetarlos a control de constitucionalidad”; y, ii) El segundo hito político tuvo su corolario en el referendo de 6 de diciembre de 2009, el que además de poner en vigor la Constitución actual, determinó el ingreso al régimen de autonomía de los restantes cinco departamentos del país, los cuales, en el marco de lo dispuesto por los arts. 271 de la CPE y 53 y ss. de la LMAD, deberán elaborar participativamente sus proyectos de estatutos autonómicos bajo la dirección de los correspondientes legislativos, los mismos que una vez pasen el proceso de control de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, deberán ser sometidos a referendo en sus territorios para entrar en vigor.

En cuanto a sus características intrínsecas, las normas orgánicas territoriales poseen elementos cualificadores que las hacen diferentes al resto de legislación autonómica: i) Son normas de validez derivada, pues son secundarias a la Constitución Política del Estado, de la cual se desprenden (como todas las normas de acuerdo al 410.II constitucional); ii) Son aprobadas previo control de constitucionalidad y vía referendo lo que las hace cualitativamente diferentes al resto de legislación autonómica; iii) Se aplican a un segmento del territorio nacional (jurisdicción subnacional) coexistiendo con otras normas aplicadas en el mismo territorio de acuerdo a la distribución de competencias establecido por la Constitución; iv) Tienen carácter abstracto por su generalidad; v) Su naturaleza rígida deviene del procedimiento especial que las origina y los candados impuestos para su reforma; y, vi) Contenido pactado, pues su construcción debe ser altamente participativa, proyectándose como el resultado de un verdadero “pacto territorial” perfeccionado con el control previo de constitucionalidad y el voto popular mediante referendo.

En tal sentido, las normas básicas territoriales (proyecto de estatutos autonómicos y cartas orgánicas) tienen un carácter esencialmente distinto al resto de la normativa tanto nacional como subnacional y los probables conflictos o colisiones con aquellas deberán ser resueltos en la vía conciliatoria ante el Servicio Estatal de Autonomías que oficiará de mediador y, en caso de persistir la disputa, ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (art. 202.3 de la CPE).

En este sentido, el análisis del Proyecto de Estatuto Autonómico Departamental de Pando, se subdividirá en dos partes: i) La primera, relacionada con los aspectos formales de contenido mínimo y de estructura por Ley exigidos; y, ii) La segunda, referida al examen de constitucionalidad del Proyecto de Estatuto en sus cien (100) artículos, diez (10) Títulos, cinco (5) Disposiciones Transitorias y su Disposición Final única. Ahora bien, a las normas identificadas por este Tribunal como inconstitucionales les corresponderá un análisis justificativo y explicativo detallado; se operará de la misma forma en aquellas disposiciones estatutarias que requieran de ciertas consideraciones, esto para despejar dudas de inconstitucionalidad, mientras que el resto de los artículos cuya constitucionalidad no ha sido objeto de cuestionamiento por parte de este Tribunal, se consignan sólo en el anexo de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

i)   El art. 9.6 de la CPE, indica que son fines y funciones esenciales del Estado: “Promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales, e impulsar su industrialización, a través del desarrollo y del fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes dimensiones y niveles, así como la conservación del medio ambiente, para el bienestar de las generaciones actuales y futuras”. Sin embargo, estos fines y funciones (áreas de intervención estatal macro) serán ejercidos conforme al orden competencial establecido.

i) Para el caso de ausencia temporal el art. 286.I de la CPE, dispone que: “La suplencia temporal de la máxima autoridad ejecutiva de un gobierno autónomo corresponderá a un miembro del Consejo o Asamblea de acuerdo al Estatuto Autonómico o Carta Orgánica según corresponda”, pudiendo interpretarse que: a) La suplencia temporal de la máxima autoridad ejecutiva de un gobierno autónomo le corresponde únicamente a un miembro del legislativo departamental; o, b) Que la suplencia temporal le corresponde a un miembro de la Asamblea, siempre y cuando así lo disponga el estatuto autonómico o carta orgánica en cuestión.

I.     El Gobierno Autónomo Departamental de Pando garantiza en el marco de sus competencias, todos los derechos establecidos en la Constitución Política del Estado, Tratados y Convenios Internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el Estado Plurinacional de Bolivia.

I.     Durante el periodo de sus mandatos, las y los asambleístas departamentales podrán realizar peticiones de informes, representaciones, minutas de comunicación y otras escritas o verbales ante las autoridades y servidores públicos del Órgano Ejecutivo Departamental de acuerdo al Reglamento General de la Asamblea Legislativa Departamental.

I.     Una vez sancionada la ley departamental por la Asamblea Legislativa Departamental, será remitida a la Gobernadora o Gobernador para su promulgación, esta podrá ser observada por la Gobernadora o el Gobernador del Departamento en el término de diez días, proponiendo las enmiendas y modificaciones que considere pertinentes.

I.     Las delegadas o los delegados provinciales serán designados por la Gobernadora o Gobernador tomando en cuenta las propuestas hechas por los habitantes de las provincias. Sus atribuciones serán relacionadas al desarrollo productivo y otras temáticas conforme a la Ley de Organización del Órgano Ejecutivo Departamental.

I.   El Órgano Ejecutivo Departamental, tiene facultades para celebrar y suscribir en el marco de la Constitución Política del Estado y las leyes, acuerdos, convenios y compromisos de cooperación bajo distintas modalidades para la gestión, inversión y prestación de servicios en su jurisdicción, con el nivel central del Estado, como con otras entidades territoriales autónomas, los mismos serán ratificados por el Órgano Legislativo Departamental.

I.     El Gobierno Autónomo Departamental impulsará una base productiva diversificada en su jurisdicción, promoviendo la industrialización, el desarrollo de las fases productivas, la competitividad, la asistencia técnica integral y la inversión pública en obras de apoyo, a las iniciativas productivas tanto del sector público como privado, a organizaciones económicas productivas y asociativas conforme a normas en vigencia.

I.     Las normas y disposiciones emanadas del Gobierno Autónomo Departamental son de cumplimiento obligatorio por todos los estantes y habitantes en su territorio, salvo excepciones expresamente establecidas en cada materia y serán aplicadas por los órganos del Gobierno Autónomo Departamental establecidas en el presente Estatuto.