DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0049/2014

El art. 120 regula sobre las solicitudes de información al Gobierno Municipal, determinando  en su parágrafo III que toda negativa injustificada, retardación, entrega de documentación o información incompleta, desactualizada o irrelevante, mala atención o respuesta fuera de plazo “…será considerada como incumplimiento de deberes, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 154˚ del Código Penal, modificado por el Artículo 34˚ de la Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz”, labor que les corresponde a otras instancias del órgano central y no precisamente a la Carta Orgánica, resultando esta disposición contraria al art. 213.I de la CPE, que dice: “La Contraloría General del Estado es la institución técnica que ejerce la función de control de la administración de las entidades públicas y de aquéllas en las que el Estado tenga participación o interés económico. La Contraloría está facultada para determinar indicios de responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal; tiene autonomía funcional, financiera, administrativa y organizativa”. En consecuencia, la norma básica por sí sola no puede tipificar delitos para disponer el procesamiento de la máxima autoridad ejecutiva.