DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0108/2016

iii) El art. 239 de la CPE, define los supuestos que resultan incompatibles con el ejercicio de la función pública, los que en resguardo al principio de seguridad jurídica, se entiende que no pueden ser ampliados ni omitidos; la citada norma constitucional señala como hechos incompatibles, a saber, la adquisición o arrendamiento de bienes públicos a nombre del servidor público o de terceras personas; la celebración de contratos administrativos o la obtención de otra clase de ventajas personales del Estado; y el ejercicio profesional como empleados, apoderados, asesores o gestores de entidades, sociedades o empresas que tengan relación contractual con el Estado; es decir, que el constituyente ha previsto como causales de incompatibilidad con el ejercicio de la función pública tres supuestos.