SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0047/2018
Fecha: 01-Oct-2018
no resulta posible
La precitada norma legal, es acusada de inconstitucionalidad en su frase: “…en el estado en que se encuentre…”, por lesionar el derecho a la defensa del administrado (interrelacionado estrechamente con el debido proceso), en razón a que -como expone el accionante-, dicho derecho no necesariamente se ejercerá desde un inicio, pues se permite su ejercicio desde que asume conocimiento del proceso sin importar cuán avanzado se encuentre. Por otra parte, la carga del conocimiento efectivo del proceso se le impone al administrado. En tal contexto nuevamente los cargos expuestos -en parte- devienen de la propia interpretación del texto que hace el accionante, pues del contenido de la norma cuestionada no resulta posible inferir que “la carga del conocimiento efectivo del proceso”, es trasladada al administrado; asimismo, tampoco se evidencia a partir de la lectura cuidadosa del contenido de la norma, que ésta abra paso a la posibilidad de que la persona asuma conocimiento del proceso cuando ya se encuentra en trámite y no desde un inicio -lo que, a juicio del accionante provocaría que recién asuma su defensa desde ese momento-; por lo que, sobre tales aseveraciones no se emitirá mayor pronunciamiento al provenir de una interpretación personal y no del contenido real de la norma.
Por otra parte, respecto a la frase cuestionada en razón a que posibilita que el derecho a la defensa del administrado se ejerza dentro del proceso administrativo, sin importar cuán avanzado se encuentre; cabe destacar, que los procesos administrativos a través de los cuales se impone una sanción administrativa -con la consecuente afectación de un derecho o un interés de las personas-, se encuentran revestidos de todas las garantías y derechos procesales consagrados en la Constitución Política del Estado; en razón a que, ante la comisión de un acto que vulnere la normativa, es deber de quien conoce el hecho y emite su pronunciamiento (sea una autoridad judicial o administrativa), garantizar el respeto de todos los derechos y garantías, en especial las inherentes al debido proceso que no sólo son aplicables en materia penal[7].
- acción de inconstitucionalidad abstracta
- I.1.1 Relación Sintética de la acción
- admitió
- a)
- Artículo 5 (AMBITO DE APLICACIÓN Y ALCANCE)
- b)
- ARTÍCULO 8 (CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO Y VERIFICACIÓN DE LA NORMATIVA TÉCNICA LEGAL)
- ARTÍCULO 33 (RUPTURA Y REPOSICIÓN DE PRECINTOS)
- sobre los cuales se ha iniciado un Proceso Administrativo de Fiscalización
- una vez dictado el Auto Inicial del Proceso Administrativo de Fiscalización
- se constituirán en agravante
- sub alcalde deberá emitir la autorización a los Servidores Públicos Municipales para el ingreso al predio o edificaciones donde se haya verificado la comisión de una infracción
- Artículo 123.
- Artículo 178.
- Artículo 251.
- Artículo 410.
- 1)
- III.1. Control normativo de constitucionalidad. Naturaleza y alcances de la Acción de Inconstitucionalidad Abstracta. Jurisprudencia reiterada
- para que este Tribunal Constitucional Plurinacional pueda pronunciarse en el fondo de las acciones de inconstitucionalidad en general
- III.2. Sobre el derecho a la defensa
- condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa
- potenciar los poderes investigativos del Estado en desmedro de derechos fundamentales
- potestad inviolable
- Fragmento 24
- existe un grupo de derechos que tienen una relevancia particular en nuestro texto constitucional
- Entre estos derechos se encuentran los derechos a la vida
- es una condición esencial para la supervivencia y para llevar una vida segura, digna, autónoma e independiente; es un presupuesto básico para la concreción de otros derechos fundamentales, entre ellos, la vida, la salud, el agua potable, servicios básicos, trabajo, etc.;
- III.4.1. Consideraciones Previas
- por lo tanto suficiente
- por lo que claramente tal argumento carece de relevancia constitucional
- III.4.2. Respecto al art. 5.II de la Ley Municipal Autonómica 233 de Fiscalización Técnica Territorial
- real y existente
- no resulta posible
- es esencial
- impedir que la persona ejerza su derecho de defensa desde que se inicia la investigación en su contra y la autoridad dispone o ejecuta actos que implican afectación de derechos equivalía a
- siempre y cuando haya asumido efectivo conocimiento del proceso seguido en su contra desde su inicio
- son un problema constante y creciente
- no sea perjudicial al interés colectivo, ni incumpla la normativa técnica legal establecida
- por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática
- tienen fuerza ejecutiva y resulta factible proceder a su ejecución forzosa por medio de los órganos competentes
- forzoso
- cuando el inmueble objeto de la fiscalización tenga tal calidad
- III.4.5. Acerca de los arts. 8.III y 37.II de la Ley Municipal Autonómica 233 de Fiscalización Técnica Territorial
- firme en sede administrativa
- III.4.6. Sobre el art. 30.I de la Ley Municipal Autonómica 233 de Fiscalización Técnica Territorial
- Fragmento 46
- III.4.7. Respecto al art. 33.I y II de la Ley Municipal Autonómica 233
- desapoderamiento
- medida precautoria
- III.4.8. Acerca del art. 37.III y IV de la Ley Municipal Autonómica 233
- sesgada
- íntegro
- III.4.9. Sobre el art. 38.II de la Ley Municipal Autonómica 233 de Fiscalización Técnica Territorial
- hechos ciertos y verificables a partir de la lectura de la propia ley
- agravantes
- 3º
- no eran aisladas ni independientes
- las Sentencias emanadas de la CIDH, por su naturaleza y efectos, no se encuentran por debajo ni de la Constitución Política del Estado tampoco de las normas jurídicas infra-constitucionales, sino por el contrario, forman parte del bloque de constitucionalidad y a partir del alcance del principio de supremacía constitucional que alcanza a las normas que integran este bloque, son fundamentadoras e informadoras de todo el orden jurídico interno
- claridad
- no cabe duda que el proceso administrativo en cuestión debe estar revestido de las garantías procesales consagradas en la Constitución
- autotutela