SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0542/2020-S3
Fecha: 24-Sep-2020
5)
5) Sobre los agravios formulados por la accionante, en cuanto al peligro de obstaculización previsto en el art. 235.1 del CPP, modificado por la Ley 1173, el Juez de primera instancia estableció su concurrencia porque consideró que existían suficientes elementos de convicción que demostraban que la accionante entregó a las presuntas víctimas documentación que -ahora- se encuentra en su poder, y que puede modificarla o destruirla. Los denunciantes en el proceso penal refirieron que para convencer a las supuestas víctimas y lograr el desplazamiento económico, la accionante les entregaba pólizas de importación de vehículos, modificadas en cuanto a la identidad del importador y al número -de póliza-. Lo expuesto encuentra respaldo en elementos de convicción, como el acta de declaración de Miguel Ángel Montaño Rivera. El cambio de números de teléfono que efectuó la accionante para dificultar su ubicación y la existencia de pólizas de importación modificadas, así como los contratos de préstamo de dinero en los que entregaba esa documentación en calidad de garantía, demuestran que el razonamiento del Juez de primera instancia se encuentra sustentado en elementos de convicción y no se trata de apreciaciones subjetivas, no encontrándose fundado ese agravio;
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados
- a)
- i
- concedió
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba
- En cuanto al Tribunal de apelación
- la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar
- que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, como aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial conforme establece el art. 124 del CPP
- 1)
- 2)
- 3)
- ii)
- iii)
- iv)
- b)
- c)
- d)
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- 7)
- En cuanto al domicilio
- Con relación al trabajo
- Sobre la facilidad de permanecer oculta
- Con relación al presupuesto de pe
- Sobre el riesgo procesal relativo a que
- En cuanto a la influencia negativa ejercida por la accionante
- Sobre la causal de