la pena
A efectos de resolver este motivo, es necesario hacer referencia al art. 124 del CPP, que establece que "la Sentencia y los autos interlocutorios serán fundamentados. Expresarán los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba". De esta norma se infiere que el juzgador tiene la ineludible obligación de fundamentar su fallo, que debe estar acorde con las reglas del recto entendimiento humano, con una expresa motivación, que debe ser clara, completa y emitida de acuerdo a las normas de la sana crítica.
Por ello, las resoluciones judiciales, como expresión tanto de la voluntad del juez como la expresión de un mandato soberano, deben ser el resultado de un razonamiento explicitado y verificable, a ello alude el art. 124 del CPP, que consagra, la necesidad de fundamentar los fallos a partir de la exigencia de plantear las consideraciones de hecho y de derecho que sostienen lo decidido. Sobre la base de la citada disposición legal, se tiene que la argumentación y estructura de las decisiones judiciales implica una construcción basada en consensos racionales, un método a través del cual se procura, mediante la objetividad hermenéutica, un resultado razonable y aceptable de la contienda procesal, dónde se facilite la identificación de cuáles fueron las motivaciones externas, y en lo posible internas, que llevaron al que juzga a asumir, la solución y decisión arribada. Una arquitectura puramente técnica, plagada de rebuscamientos técnicos y con retórica innecesaria, no lograría el fin de impartir justicia a las partes en eventual disputa o bien denotaría insuficiencia real y evidente en ese cometido; esta circunstancia se hace más evidente cuando en las sentencias se usa un mayor volumen de contenidos
supuestamente técnicos, se emplean lenguajes esotéricos y extravagantes, y se sofistica la comunicación de tal manera que se excluye la propia comprensión de los motivos de las decisiones.
Ahora bien, cuando se plantea la violación del debido proceso por falta de motivación en los fallos, y consecuente existencia de defecto absoluto en el proceso, es necesario demostrar que los fundamentos y alcances de la decisión cuestionada son incomprensibles, por: i) La ausencia absoluta de motivación, situación que concurre cuando no son expresados en ella los fundamentos de hecho y derecho en las que se apoyan; ii) Una motivación deficiente, incompleta o sesgada, que se presenta cuando se deja de analizar aspectos de relevancia en el proceso, o se los analiza en forma precaria o parcial; iii) Una motivación ambivalente, que se presenta cuando los argumentos expuestos en ella son conducentes al absurdo o contradictorios entre sí; y, iv) Incomprensión del contenido del texto por el empleo de palabras o frases que no pueden ser entendidas o por la existencia de omisiones que originan juicios que manifiestan duda y que esta incomprensión esté relacionada con los elementos que determinan la calificación jurídica de los hechos.
En el presente caso, se advierte que la denuncia formulada por el recurrente de falta de fundamentación respecto a la adecuación de su conducta al delito de Injuria es evidente, pues pese a haber alegado este defecto en la apelación restringida, no fue considerada debidamente por el Tribunal de alzada, que se limitó a expresar en el contenido del Auto de Vista impugnado una afirmación carente de toda fundamentación, incurriéndose en el segundo supuesto de falta de motivación en los fallos, descrito precedentemente.
III.3. Sobre el concurso de delitos, múltiple juzgamiento e imposición de
la pena
Por ello, las resoluciones judiciales, como expresión tanto de la voluntad del juez como la expresión de un mandato soberano, deben ser el resultado de un razonamiento explicitado y verificable, a ello alude el art. 124 del CPP, que consagra, la necesidad de fundamentar los fallos a partir de la exigencia de plantear las consideraciones de hecho y de derecho que sostienen lo decidido. Sobre la base de la citada disposición legal, se tiene que la argumentación y estructura de las decisiones judiciales implica una construcción basada en consensos racionales, un método a través del cual se procura, mediante la objetividad hermenéutica, un resultado razonable y aceptable de la contienda procesal, dónde se facilite la identificación de cuáles fueron las motivaciones externas, y en lo posible internas, que llevaron al que juzga a asumir, la solución y decisión arribada. Una arquitectura puramente técnica, plagada de rebuscamientos técnicos y con retórica innecesaria, no lograría el fin de impartir justicia a las partes en eventual disputa o bien denotaría insuficiencia real y evidente en ese cometido; esta circunstancia se hace más evidente cuando en las sentencias se usa un mayor volumen de contenidos
supuestamente técnicos, se emplean lenguajes esotéricos y extravagantes, y se sofistica la comunicación de tal manera que se excluye la propia comprensión de los motivos de las decisiones.
Ahora bien, cuando se plantea la violación del debido proceso por falta de motivación en los fallos, y consecuente existencia de defecto absoluto en el proceso, es necesario demostrar que los fundamentos y alcances de la decisión cuestionada son incomprensibles, por: i) La ausencia absoluta de motivación, situación que concurre cuando no son expresados en ella los fundamentos de hecho y derecho en las que se apoyan; ii) Una motivación deficiente, incompleta o sesgada, que se presenta cuando se deja de analizar aspectos de relevancia en el proceso, o se los analiza en forma precaria o parcial; iii) Una motivación ambivalente, que se presenta cuando los argumentos expuestos en ella son conducentes al absurdo o contradictorios entre sí; y, iv) Incomprensión del contenido del texto por el empleo de palabras o frases que no pueden ser entendidas o por la existencia de omisiones que originan juicios que manifiestan duda y que esta incomprensión esté relacionada con los elementos que determinan la calificación jurídica de los hechos.
En el presente caso, se advierte que la denuncia formulada por el recurrente de falta de fundamentación respecto a la adecuación de su conducta al delito de Injuria es evidente, pues pese a haber alegado este defecto en la apelación restringida, no fue considerada debidamente por el Tribunal de alzada, que se limitó a expresar en el contenido del Auto de Vista impugnado una afirmación carente de toda fundamentación, incurriéndose en el segundo supuesto de falta de motivación en los fallos, descrito precedentemente.
III.3. Sobre el concurso de delitos, múltiple juzgamiento e imposición de
la pena
- Por memorial cursante de fs
- Por Sentencia 19/2010 de 8 de septiembre (fs
- La referida Sentencia fue objeto de apelación por parte de: Jorge Fernando Tuto Quiroga (fs
- Sobre la "aplicación del delito de Calumnia"(sic), el recurrente transcribiendo parte del Auto de Vista;
- Finaliza, mencionando que el error de no haberse identificado en su momento el delito falsamente
- ejercen los mismos derechos que una persona natural, en especial el derecho al honor en
- Expresa que nuevamente, la errónea aplicación de la ley sustantiva queda manifestada en la inadecuada
- tercero, se refiere a la posible errónea aplicación de la Ley 004, transcribiendo para ello
- c) Intitulando "contradicciones del Auto impugnado
- protegen el mismo bien jurídico, tienen diferentes elementos constitutivos, lo que significa que necesariamente deben
- I.1.5. Petitorio
- El recurrente pide que este Tribunal Supremo, declare fundado su recurso
- I.2. Admisión del recurso
- Mediante el Auto Supremo 076/2013-RA de 20 de marzo, se admitió el recurso de casación,
- De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación se concluye lo siguiente
- René Vicente Arzabe Soruco apoderado legal del Banco Unión S
- El 25 de enero de 2010 (fs
- En el acápite "Valoración y Fundamentación Jurídica de la Prueba" en el numeral CUARTO se
- "Que, el art
- Respecto al delito de Injuria, finaliza señalando que: "el delito de injurias art
- En el numeral SEXTO en cuanto a la imposición de la pena concluye señalando que:
- II.2. Recurso de Apelación restringida y Auto de Vista
- Por Auto de Vista 67/2012 de 5 de octubre de fs
- En base a la doctrina procede a realizar una diferenciación entre el honor subjetivo y
- El Tribunal de alzada, haciendo referencia al art
- Respecto al motivo de errónea aplicación de la ley 004, manifiesta que: "se debe considerar
- Finaliza señalando respecto al art
- El recurrente plantea en su recurso varias temáticas relativas a la aplicación retroactiva de la
- III.1.1. La discusión si las personas jurídicas tienen honor
- En este apartado cabe plantearse si las personas jurídicas tienen honor, teniendo en cuenta que
- Primera posición
- En cuanto a la primera posición se puede citar el entendimiento asumido por la Sala
- En la misma línea de entendimiento, el Tribunal Constitucional de Bolivia a través de la
- Siempre en la primera posición, cabe señalar que doctrinalmente el honor está compuesto por dos
- Segunda posición
- Frente a esta opinión, se encuentra aquella que básicamente plantea que ninguna norma constitucional ni
- En ese sentido, resalta el criterio asumido por la misma Sala Primera del Tribunal Constitucional
- de su ámbito de protección a las personas jurídicas
- Análisis de la legislación boliviana
- De estas normas, se evidencia que si bien la Constitución Boliviana no contiene un pronunciamiento
- En consecuencia, además del reconocimiento expreso sobre la titularidad de determinados derechos fundamentales a las
- Incluso de la normas de Derecho Penal, se tiene que existe un reconocimiento expreso al
- III
- no tiene capacidad de cometer hechos punibles y por lo tanto no puede ser objeto
- "Se hace efectiva la responsabilidad penal de personas que actúan en calidad de administradores de
- Esta regulación es necesaria para evitar la impunidad dado que por aplicación del principio de
- De las normas precitadas, claramente se desprende que el sistema jurídico nacional, no prevé la
- Con la premisa que sólo las personas naturales pueden manifestar o exteriorizar su voluntad a
- Calumnia
- En el acápite I
- Al respecto invoca como precedentes los Autos Supremos 438 de 15 de octubre de 2005
- En tanto que el segundo sentó como doctrina que: "La función principal del Tribunal de
- En este entendido, el recurrente agrega que existe una errónea aplicación de la ley sustantiva,
- Por otra parte, en cuanto a la inaplicabilidad del Auto Supremo 155 de 10 de
- Por último, denuncia que el Auto de Vista aplicó retroactivamente la Ley 004, para justificar
- En consecuencia, considerando que los agravios alegados por el recurrente relativos a la "aplicación retroactiva
- Al respecto, se tiene que el Auto Supremo 95 de 24 de marzo de 2005,
- la pena
- Al respecto, el recurrente señala que, en apelación restringida precisó que otro de los aspectos
- casación, en sentido de que no se hubiese considerado en el Auto de Vista impugnado
- Al respecto, el recurrente sostiene haberse contrariado la doctrina legal establecida por el Auto Supremo
- En el presente caso, se establece de los antecedentes procesales que, el Juez de Sentencia
- Por lo señalado, corresponde al Tribunal de alzada, aplicar todos los fundamentos expuestos en el
- La Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, en aplicación del art
- En aplicación del art
- SALA PENAL SEGUNDA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
