Auto Supremo AS/0685/2018-RRC

Expresiones varias con las que se trata de decir lo mismo: los extremos concretos que deban resolverse en toda sentencia, para excluir las meras cuestiones fácticas y también las simples argumentaciones utilizadas en apoyo de cada pretensión deducida por la parte. Las partes activas y pasivas de cualquier proceso realizan sus peticiones al tribunal correspondiente. Estas peticiones se amparan en determinados planteamientos jurídicos. Podemos decir que cada uno de estos planteamientos son los "puntos" que deben resolverse en la sentencia. "Puntos" que, se diferencian, por un lado, de los hechos en que esa petición se apoya y; por otro lado, de los meros argumentos o razones especulativas con que se trata de justificar desde el punto de vista del Derecho la necesidad de aplicar una norma determinada al caso correspondiente.

Sin embargo, acude también a esta problemática los supuestos de consideración excepcional de dicho vicio en casación, atendiendo criterios desarrollados por la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia -inspirada en la emitida por su homólogo español- y contenidos en el Auto Supremo 314/2016-RRC de 21 de abril, que precisó: “En razón de que el vicio de incongruencia debe ser entendido como un desajuste material entre el fallo judicial y los términos en los cuales las partes formulan sus pretensiones; lo que significa, que la congruencia exigible, desde la perspectiva del respeto al derecho fundamental, comprende la obtención de una respuesta razonada a los planteamientos de las partes, el Auto Supremo 297/2012-RRC de 20 de noviembre, asumió el siguiente entendimiento: “…la autoridad jurisdiccional al no pronunciarse sobre el contenido de las pretensiones solicitadas por el denunciante incurre en una incongruencia omisiva o fallo corto (citra petita o ex silentio); sin embargo, debe exigirse el cumplimiento de los siguientes requisitos para la concurrencia del fallo corto: i) Que la omisión denunciada se encuentre vinculada a aspectos de carácter jurídico y no a temas de hecho o argumentos simples; ii) Que las pretensiones ignoradas se hayan formulado claramente y en el momento procesal oportuno; iii) Que se traten de pretensiones en sentido propio y no de meras alegaciones que apoyan una pretensión; y, iv) Que la Resolución emitida no se haya pronunciado sobre problemáticas de derecho, en sus dos modalidades; la primera que la omisión esté referida a pretensiones jurídicas, y la segunda cuando del conjunto de los razonamientos contenidos en la Resolución judicial puede razonablemente deducirse no sólo que la autoridad jurisdiccional ha valorado la pretensión deducida, sino además los motivos que fundamentan la respuesta tácita.”

En el caso en concreto, ante la denuncia de presencia del defecto de sentencia del art. 370 inc. 6) del CPP, en apelación restringida expresó que el Tribunal de Sentencia, en la fundamentación de hecho de la sentencia, refirió que las otras pruebas descritas y/o valoradas no tienen mayor relevancia ni influyen sustancialmente en su decisión; que el mismo Tribunal no valoró las pruebas PD2, PD7, PD8 y aspectos de los testimonios de Fernando Valdez Valdés y Antonio Torrez Balanza; que en la descripción de las pruebas, los de sentencia realizaron un listado de las mismas, sin darles valor alguno