Sentencia Rol 986 - 2008

0000461 CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO 19 “(…) la exigencia de igualdad puede hacerse comparando la situación desmedrada en que se encuentra el ejecutado en el juicio ejecutivo especial de cobro previsional en relación a aquellos que se rigen por el estatuto general del Código de Procedimiento Civil. Al hacer esta comparación resulta evidente la existencia de una diferencia, pues mientras el ejecutado del régimen común puede interponer la excepción de ineptitud del libelo, no puede hacerlo aquel que resulta demandado en juicio de cobranza de cotizaciones previsionales regido por la ley que contiene el precepto legal impugnado” DECIMOPRIMERO. Que, desde luego, la diferencia se ha establecido en razón de criterios objetivos, que tienen relación con la naturaleza de la deuda que se cobra y con el título ejecutivo que se invoca. El trato diferente no hace acepción de personas, ni depende de características subjetivas adscritas, como podría ser la edad, sexo, raza, origen social o nacional o hace preferencias en virtud de otra categoría que pudiera resultar inaceptable para la diferencia que se trata, como lo sería la condición social, la posición económica o las creencias del demandado. En consecuencia, y por estos motivos, no cabrá considerar la diferencia como arbitraria”. CUADRAGÉSIMO OCTAVO.- Que, para establecer el contexto en que se fundamenta el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad planteado, es necesario recordar que los procedimientos judiciales pueden ser de carácter declarativo o ejecutivo, así como ordinarios o especiales, y que corresponde al legislador, en conformidad al artículo 19 Nº 3, de la Constitución, establecer los procedimientos adecuados para que el proceso se tramite de acuerdo a sus reglas y que reúna los requisitos de ser racional y justo. Cabe precisar que la referida disposición mandató al legislador, lo cual se tradujo en el establecimiento del procedimiento que cuestiona el requirente, vistos desde la perspectiva constitucional. Con todo, es dable señalar que la existencia de un procedimiento u otro, dependerá de diversos factores, entre ellos la naturaleza del conflicto sometido a proceso (factor materia), los caracteres de la pretensión impetrada y el título habilitante en caso de un juicio ejecutivo. En este caso, el título fundante son facturas emitidas, posteriormente cedidas a la requerida, empresa de Factoring, conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 19.983, en concordancia con lo señalado en el artículo 75 del Reglamento de la Ley de Compras Públicas -que debe tenerse a la vista al tratarse de un proceso de contratación entre un Órgano de la Administración del Estado y un proveedor-. Como se ha señalado, la factorización es una operación permitida en nuestro ordenamiento jurídico y que el legislador ha tratado de promover con el objeto de dar mayor liquidez, principalmente, a las pequeñas y medianas empresas; para lo cual ha generado condiciones de mayor seguridad en relación al cobro del título por el cesionario, restringiendo a una etapa extrajudicial el reclamo del deudor - Reclamando en contra de su contenido o de la falta total o parcial de la entrega de las mercaderías o de la prestación del servicio, dentro de los ocho días corridos siguientes a su recepción. En este caso, el reclamo deberá ser puesto en conocimiento del emisor de la factura por carta certificada, o por cualquier otro modo fehaciente, conjuntamente con la devolución de la factura y la guía o guías de despacho, o bien junto con la solicitud de emisión de la nota de crédito correspondiente. El