Sentencia Rol 4817 - 2020

0000633 SEISCIENTOS TREINTA Y TRES Tramitación El requerimiento fue acogido a trámite por la Segunda Sala, con fecha 29 de septiembre de 2020, a fojas 93, denegándose la suspensión del procedimiento, la que se decretó a fojas 272, en resolución de 11 de noviembre de 2020. La admisibilidad fue resuelta por la Sala a fojas 125, con fecha 15 de octubre de 2020. A fojas 113, 186, y 246, los señores Cristián Aguirre Gamboa, Patricio Rosas Ortiz, Roberto Contreras Puelles, imputados en la gestión pendiente, se hicieron parte compartiendo las alegaciones de la requirente, en orden a afirmar la contrariedad con la Constitución de la norma cuestionada. Se acompañaron informes en derecho realizados por el señor Francisco Maldonado Fuentes, sobre “Constitucionalidad del delito previsto en el inciso primero del artículo 318 del Código Penal”; por el señor Gustavo Balmaceda Hoyos, sobre la “Infracción de reglas higiénicas o de salubridad en tiempo de catástrofe, epidemia o contagio, con peligro para la salud pública: Propuesta de interpretación”; y por el señor Alejandro Vergara Blanco, sobre “Inconstitucionalidad de la complementación del núcleo esencial de la tipificación de un delito mediante simples actos administrativos exentos. El caso del artículo 318 del Código Penal. Su infracción a los principios: I) de Igualdad y Proporcionalidad; II) De Legalidad, Reserva Legal y Tipicidad; y III) de Non Bis In Idem”. A fojas 207, con fecha 3 de noviembre de 2020, evacúa traslado el Ministerio Público y solicita el rechazo del requerimiento. Sostiene que los preceptos penales que establecen sanciones no contienen parámetros de determinación de la pena, ni les es exigible que los contengan. Al efecto, a vía ejemplar, señala que un delito como el robo con violencia, que se castiga en el artículo 436 del Código Penal con una pena que va desde el presidio mayor en grado mínimo a máximo, esto es, desde los cinco años y un día a los veinte años, no contiene parámetro alguno para que el Fiscal en su caso requiera dentro de ese amplio espectro una pena en particular, lo que no la hace contraria a la Constitución, puesto que las reglas de determinación de las penas se encuentran en otro lugar del mismo Código. Explica que el precepto cuestionado establece una pena de presidio o pena, estableciendo penas alternativas, tal como lo hace el Código Penal en otros casos. Luego, tienen plena aplicación las aludidas reglas del Código Penal, entre otras, la del inciso primero del artículo 68 de dicho cuerpo legal, respecto a las formas de determinar la pena. A su vez, en cuanto a las multas, lo propio acontece con la regla del artículo 70 del Código Penal, regla que ha quedado fuera del análisis que se hace en los requerimientos. Hace presente que el Ministerio Público está dotado de autonomía constitucional para ejercer en su caso una acusación y proponer una pena, pero es finalmente el Tribunal competente el que está dotado de facultades para imponerla e incluso definir la naturaleza del procedimiento involucrado. 5