AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2359/2020. 9 DE FEBRERO DE 2022. CINCO VOTOS DE LAS MINISTRAS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ Y ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, Y LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE, JORGE MARIO PARDO

94. De lo que deriva que dichos principios están recogidos en nuestra Constitución Federal, con el objeto de dar seguridad jurídica a los gobernados y evitar arbitrariedades gubernamentales.

95. Por tanto, no puede considerarse como delito un hecho que no esté señalado por la ley como tal. Además, para todo hecho catalogado como ilícito, la ley debe prever expresamente la pena que le corresponda.

96. Con el respeto de ese derecho constitucional, se proscribe la imposición de penas por analogía y por mayoría de razón; y se impone la obligación de tipificar de manera previa las conductas o hechos que se reputen como antijurídicas y sus correspondientes penas.

97. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha considerado que el derecho fundamental de exacta aplicación de la ley penal, no se limita a ordenar a la autoridad jurisdiccional que se abstenga de interpretar por simple analogía o mayoría de razón, sino que es extensiva al creador de la norma,(25) al que se le exige la emisión de dispositivos claros, precisos y exactos respecto de la conducta reprochable y de la consecuencia jurídica por la comisión de un ilícito; esta descripción no es otra cosa que el tipo penal, el cual debe estar claramente formulado.

98. De lo que deriva la importancia que la dogmática jurídico-penal le asigna al elemento del delito llamado tipicidad; entendido como la constatación plena del encuadramiento exacto entre los componentes de una hipótesis delictiva descrita en la ley –el tipo– y un hecho concreto acontecido y probado en el mundo fáctico. Así, la tipicidad es un presupuesto indispensable del acreditamiento del injusto penal, y constituye la base fundamental del principio de legalidad que rige, con todas sus derivaciones, como pilar de un sistema de derecho penal en un Estado democrático de derecho.

99. Con base en los lineamientos antes precisados, se colige, como se adelantó en el apartado de procedencia, que se vulneró en perjuicio de los quejosos el derecho a una tutela judicial efectiva, precisamente respecto de la aplicación fundada de la ley penal, con relación a las debidas garantías de fundamentación y motivación sobre la debida acreditación del correspondiente tipo penal de sabotaje por el que se les sentenció, en perjuicio del principio de legalidad en materia penal.