Los Magistrados suscritos expresan su voto disidente con la Declaratoria Constitucional Plurinacional 0064/2014 de 10 de noviembre; en base a los siguientes argumentos jurídicos constitucionales:
Fecha: 10-Nov-2014
6.
Las autoridades son seleccionadas, postuladas en el marco de los procedimientos propios, usos, costumbres; en el respeto al derecho consuetudinario propio de Huachacalla; bajo el amparo de la Ley 3760 de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, el convenio 169 de la OIT; en concordancia con La Constitución Política del Estado, y las normativas nacionales referidas a la materia.
Ahora bien, es posible que la elección de candidatos para Concejalas y Concejales puede llevarse en el marco de las normas y procedimientos propios, pero ello debe entenderse como un proceso interno y propio de las organizaciones políticas o de la mismas comunidades, pero la formalización de la composición del Concejo se efectiviza a través de la democracia de representativa, es decir, mediante sufragio universal. Sin embargo, estos procesos internos a los que hacemos referencia, si bien están ligados a la democracia comunitaria, generalmente en los municipios del área rural, no pueden ser entendidos como procesos de selección institucionalizados por el Gobierno Autónomo Municipal, y por tanto tampoco pueden ser regulados por la Carta Orgánica, como lo hace el artículo 20 del presente proyecto de Carta Orgánica, por lo que, este artículo debió declararse incompatible con la Norma Constitucional.
Recordemos que el art. 26.I de la CPE, dictamina que; “Todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político, directamente o por medio de sus representantes, y de manera individual y colectiva. La participación será equitativa y en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres” Si el art. 20 de la Carta Orgánica, establece que, la selección de candidatos se llevará a cabo en el marco de las normas y procedimientos propios, entonces los ciudadanos que no sean parte de una nación o pueblo indígena originario campesino quedarían al margen del ejercicio de los derechos políticos. En ese sentido, estos procesos de selección interna de los partidos políticos y de las comunidades en sí no pueden encontrarse reguladas en la Carta Orgánica, razón por la cual, se considera que el referido artículo es incompatible con los arts. 26, 27, 28, 29, 191 y 284 de la Norma Constitucional.
6. Aprobar dentro de los primeros 30 días de su presentación el Programa Operativo Anual y el Presupuesto Municipal presentado por el ejecutivo municipl en base al Plan de Desarrollo Municipal, utilizando la planificaciçon participativa Municipal. Cuando el concejo municipal no se pronunciare en el plazo señalado, el Programa Operativo Anual y Presupuesto Municipal presentados se darán por aprobados.
La DCP 0064/2014, dictaminó la incompatibilidad de la presente atribución, a partir de la siguiente argumentación: “El art. 16.14 de la Ley de Gobiernos autónomos Municipales (LGAM), también dentro de las atribuciones que tiene el concejo municipal especifica que: ‘Aprobar dentro de los quince (15) días hábiles de su presentación, el Programa Operativo Anual, Presupuesto Municipal y sus reformulados presentados por la Alcaldesa o el Alcalde en base al Plan de Desarrollo Municipal. En caso de no ser aprobado por el Concejo Municipal en el plazo señalado, se darán por aprobados.’ Por lo que, dicho numeral también es incompatible con la Constitución Política del Estado.”
- I.
- tiene por objeto confrontar el contenido de dichos instrumentos normativos con la Constitución Política del Estado y garantizar la supremacía constitucional
- a)
- b)
- c)
- d)
- I.2. Sobre el control y participación social.
- I.3. Sobre las contradicciones internas y la argumentación de la Declaratoria
- en las competencias privativas únicamente el nivel central del Estado es el titular de las tres facultades; es decir, el nivel central: elabora la ley, a través de la Asamblea Legislativa Plurinacional, reglamenta la ley y ejecuta la competencia a través del Órgano Ejecutivo. Ninguna de las facultades puede ser transferida ni delegada a otro nivel de gobierno”
- Fragmento 10
- Por lo expuesto el término ‘autonomía’ del art. 6.I del proyecto de Carta Orgánica es incompatible con la Constitución Política del Estado
- Por lo tanto, la autonomía es la cualidad gubernativa que adquiere una entidad territorial de acuerdo a las condiciones y procedimientos establecidos en la Constitución Política del Estado, por lo que no corresponde establecer esta cualidad a la unidad territorial, sino al gobierno que administra dicha jurisdicción, es decir, a la entidad territorial
- toda vez que, no corresponde al estatuyente del gobierno autónomo municipal de San Lucas, imponer a los habitantes del municipio de San Lucas el deber de ejercer medidas de hecho que en presunta legítima defensa, resguarden la integridad territorial de ese municipio, porque una previsión de esa naturaleza, en el marco de la soberanía interna, vulnera los deberes ciudadanos, previstos en el art. 108.3.4. que mandan a toda boliviana y boliviano a promover y difundir la práctica de los valores y principios proclamados en la Constitución, entre los que figuran los imperativos del vivir bien y de la vida armoniosa; así como la obligación de defender promover y contribuir al derecho a la paz y a la cultura de la paz.
- La jurisdicción indígena originario campesina se fundamenta en un vínculo particular de las personas que son miembros de la respectiva nación o pueblo indígena originario campesino.
- El parágrafo I del art. 40
- III.
- 5.
- Facultad reglamentaria.
- 6.
- 7. Artículo 21 (Procedimiento de Elección de Autoridades)
- 8. “Artículo 22 (Periodo de Mandato)
- f)
- Las Concejalas y los Concejales se elegirán en circunscripción municipal
- en circunscripción municipal
- Por lo expuesto los parágrafos I del art. 57 del proyecto de Carta Orgánica es incompatible con la Constitución Política del Estado”
- 9. Artículo 30.1.2 (Atribuciones)
- y un carácter destinado a regular ‘aspectos externos’ al propio Concejo, lo que podría implicar, dada su indeterminación, el riesgo de vulnerar la división e independencia entre ambos órganos,
- Por consiguiente, el reconocer al Legislativo la capacidad de emitir un reglamento de carácter general y de aplicación obligatoria por parte del Ejecutivo, implica una flagrante invasión su ámbito de funcionamiento (compuesto por las facultades ejecutiva y reglamentaria), vulnerándose el art. 12.I de la CPE.
- Debe, sin embargo, aclararse que la inclusión de una figura normativa
- u Ordenanza Municipal
- a mayor cabalidad la línea jurisprudencial de este Tribunal, las ordenanzas municipales por su naturaleza establecida en el anterior modelo de Estado, no deben, ni pueden ser replicados en el actual, ya que genera una confusión en cuanto a sus alcances, forma de tramitación, jerarquía, y otros, lo que amerita la expulsión de este instrumento normativo del intrasistema de las ETA, en especial de los Gobiernos Autónomos Municipales”.
- siendo la legislación que regule los gobiernos locales la norma supletoria con la que se rijan, en lo que no hubieran legislado los propios gobiernos autónomos municipales
- de la cláusula de supletoriedad el nivel central del Estado puede normar (legislar o reglamentar) sobre las competencias exclusivas departamentales, municipales, o indígena originario campesinas, es decir, no puede entenderse a la supletoriedad de la norma como una cláusula universal atribuida a favor del nivel central del Estado sobre cualquier competencia, incluidas las exclusivas de las entidades territoriales autónomas.
- Ello podría suponer que el nivel central del Estado se atribuya la legislación de las competencias de las entidades territoriales autónomas a falta de un ejercicio efectivo de las competencias atribuidas a los gobiernos autónomos subnacionales, lo cual iría en contra del modelo de Estado autonómico planteado por la norma constitucional
- Cuando las entidades territoriales autónomas aún no hubieren ejercido de manera efectiva sus competencias y no hubieren legislado sobre las mismas se aplica de manera supletoria la legislación nacional preconstitucional vigente hasta que la entidad territorial autónoma legisle sobre esa competencia que le ha sido asignada por la CPE
- La supletoriedad procederá con una norma postconstitucional únicamente en el caso específico de la legislación para los gobiernos locales, en correspondencia a lo dispuesto en el parágrafo IV del art. 284 de la CPE, que contempla el mandato potestativo de la elaboración de las cartas orgánicas. Por ello, para aquellos gobiernos autónomos municipales que decidan no contar con una carta orgánica, serán regulados por la ley de gobiernos locales que emita el nivel central del Estado
- 7. Artículo 30.1.10 (Atribuciones)
- 8.
- 9.
- 11.
- 12.
- de forma que se promueva el establecimiento de una gestión pública basada en el respeto mutuo entre personas y pueblos en base a los valores plurales de intra e interculturalidad como una forma de alentar, reforzar y consolidar los derechos de las NPIOC, materializando la inclusión y su participación con la finalidad de que estos no sean solo ‘nominales’ sino que se viabilice su identidad y sea efectiva la plurinacionalidad como ejercicio de sus formas de interrelación en la entidad autónoma municipal
- 13. “Artículo 67.I.5 (Biodiversidad y Medio Ambiente)
- 14.
- ”b) Competencias exclusivas.
- supone que un nivel de gobierno, ya sea el nivel central del Estado o las entidades territoriales autónomas, tienen la titularidad de todas las facultades: legislativa, ejecutiva y reglamentaria, es decir, elabora la ley (órgano deliberativo), reglamenta la ley (órgano ejecutivo) y ejecuta la competencia (órgano ejecutivo)
- Asimismo, del análisis de la distribución de competencias efectuada por el Constituyente, se advierte que ésta es de carácter cerrado, esto implica, que ningún nivel de gobierno puede ampliar sus competencias a través de la asunción competencial en sus estatutos y cartas orgánicas sobre aquellas competencias que no hayan sido asumidas por otros niveles de gobierno, sino únicamente deben circunscribirse al ejercicio de las competencias expresamente establecidas en el listado competencial para su correspondiente nivel de gobierno, lo que ciertamente supone una obligatoriedad en la asunción de las competencias, sin que ello implique, tratándose de las competencias exclusivas, que éstas deban ser ejercidas de manera obligatoria de una sola vez, pues el ejercicio competencial debe ser entendido bajo el principio de gradualidad establecido en el art. 269 de la CPE,
- 15. Artículo 90 (Creación y administración de impuestos de carácter municipal y otros)