Los Magistrados suscritos expresan su voto disidente con la Declaratoria Constitucional Plurinacional 0064/2014 de 10 de noviembre; en base a los siguientes argumentos jurídicos constitucionales:

Siguiendo el mismo entendido, debemos manifestar que, la autonomía planteada por el constituyente, es una cualidad que apunta a ser de titularidad de un gobierno, por ello el art. 272 de la CPE, refiere que: “La autonomía implica la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos, el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos del gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción y competencias y atribuciones”.

Por ello, se entiende que la autonomía establecida en la Norma Constitucional, responde a dos ámbitos específicos: político y administrativo. El primero, se manifiesta en la elección directa de sus autoridades; y, el Segundo, responde a la administración de sus recursos y el ejercicio de sus competencias.

De la misma manera, debemos señalar que en términos generales las implicaciones del modelo de autonomías boliviano deviene de un constructo estatal que prevé a la autonomía como una opción y a la descentralización como otra, siendo por tanto el acceso a la autonomía un derecho ejercitable por todos los sujetos establecidos por la CPE (Departamentos, Regiones y PYNIOC) en el marco del principio de la voluntariedad, es decir, que el acceso a la autonomía es un derecho volutariamente ejercitable por estos gobiernos.