Los Magistrados suscritos expresan su voto disidente con la Declaratoria Constitucional Plurinacional 0064/2014 de 10 de noviembre; en base a los siguientes argumentos jurídicos constitucionales:

Es necesario aclarar que, la Constitución Política del Estado en su art. 191 en cuanto al ámbito de vigencia personal material y territorial, establece lo siguiente: “I. La jurisdicción indígena originario campesina se fundamenta en un vínculo particular de las personas que son miembros de la respectiva nación o pueblo indígena originario campesino. II. La jurisdicción indígena originario campesina se ejerce en los siguientes ámbitos de vigencia personal, material y territorial: 1. Están sujetos a esta jurisdicción los miembros de la nación o pueblo indígena originario campesino, sea que actúen como actores o demandado, denunciantes o querellantes, denunciados o imputados, recurrentes o recurridos. 2. Esta jurisdicción conoce los asuntos indígena originario campesinos de conformidad a lo establecido en una Ley de Deslinde Jurisdiccional. 3. Esta jurisdicción se aplica a las relaciones y hechos jurídicos que se realizan o cuyos efectos se producen dentro de la jurisdicción de un pueblo indígena originario campesino” (las negrillas y el subrayado son ilustrativos).

Dentro de este ámbito, queda claro que la Norma Constitucional, determina más que un criterio de territorialidad, un requisito para la aplicación de la Justicia Indígena Originario Campesina (JIOC), por lo que, el texto del parágrafo I del art. 39, debe aplicarse en el marco de lo establecido por el art. 191 de la CPE, por lo que, el mismo es compatible con dicha Norma Suprema.