I.1. Los suscritos Magistrados, en observancia del art. 10.III del Código Procesal Constitucional (CPCo), manifiestan su disidencia a la DCP 0026/2016 de 11 de abril, por los fundamentos de orden constitucional que se desarrollan mediante el prese

Por otra parte, los suscritos consideran que éste Tribunal debió limitarse a confrontar el proyecto de COM con los preceptos contenidos en la Constitución Política del Estado, ejerciendo control previo de constitucionalidad que “…no alcanza a la valoración de los fines, los propósitos, la conveniencia o beneficios que pudiese generar la disposición legal sometida a control; lo que significa que el Tribunal Constitucional, como órgano encargado del control de constitucionalidad, no tiene a su cargo la evaluación de si son convenientes, oportunos o benéficos los propósitos buscados por las normas impugnadas, su labor se concentra en el control objetivo de constitucionalidad de las disposiciones legales impugnadas” (las negrillas son nuestras [SC 0051/2005 de 18 de agosto]) y no inducir, como en el presente caso, a que el estatuyente establezca sobre sus instrumentos normativos el alcance de las normas de la entidad territorial autónoma municipal específicamente en la Carta Orgánica Municipal; presupuesto que tampoco es considerada por la Norma Suprema, conforme se tiene de la jerarquía normativa del art. 410.II de la CPE.