I.1. Los suscritos Magistrados, en observancia del art. 10.III del Código Procesal Constitucional (CPCo), manifiestan su disidencia a la DCP 0026/2016 de 11 de abril, por los fundamentos de orden constitucional que se desarrollan mediante el prese

Respecto a los preceptos citados se tiene que estos fueron declarados incompatibles por la DCP 0026/2016 entendiendo que los mismos establecían una calificación de bienes; empero sobre dicho argumento corresponde señalar que por mandato del   art. 271 de la CPE, y el art. 109.I de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibañéz” (LMAD) establecen que: bajo el denominativo de patrimonio de las ETA: “I. Son de propiedad de las entidades territoriales autónomas los bienes muebles, inmuebles, derechos y otros relacionados, que le son atribuidos en el marco del proceso de asignación competencial previsto en la Constitución Política del Estado y la presente Ley, correspondiendo a estas entidades efectuar su registro ante las instancias asignadas por la normativa vigente”.

Por su parte, el art. 339.II de la CPE dispone que: “Los bienes de propiedad del Estado y de las entidades públicas constituyen propiedad del pueblo boliviano, inviolable, inembargable, imprescriptible e inexpropiable, no podrán ser empleados en provecho particular alguno. Su calificación, inventario, administración, disposición, registro obligatorio y formas de reivindicación serán regulados por la ley”.

De esta forma, así como la distribución de funciones en el territorio se realiza sobre la base de un catálogo competencial constitucional, la Ley Fundamental establece en su art. 339.II la reserva de Ley que en definitiva establecerá el marco regulatorio general respecto de la distribución de los bienes públicos que sustentarán el ejercicio de las competencias en cada nivel de gobierno, correspondiendo entonces que esta acción corresponda al nivel central del Estado por criterios de uniformidad con respecto al resto de niveles de gobierno.

En este marco de análisis, se observa que los preceptos en examen hacen referencia a bienes de dominio público, bienes de patrimonio institucional y bienes patrimoniales municipales, clasificación que resulta congruente con lo dispuesto en la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales en sus arts. 30, 31, 32, 33 y 34 norma ésta que al cumplir el principio de reserva legal establecido en el art. 339.II de la CPE, en relación a lo dispuesto en el   art. 70.II de la LMAD, reviste de idoneidad para normar cuestiones referentes al patrimonio del Estado en tanto no se emita otra legislación nacional específica sobre calificación de bienes. Cabe apuntar que la diferenciación de bienes que se encuentran en los numerales analizados resulta ser genérica, no denotando injerencia sobre la facultad legislativa nacional con respecto a la calificación de bienes ni ninguna otra que implique arrogarse el dominio sobre bienes de otra ETA, sino por el contrario la enunciación de Bienes de Domino Público, Bienes de Patrimonio Institucional y Bienes Patrimoniales Municipales resulta más ilustrativa y por ende operativa en el presente caso, y si bien resulta observable el término “Resolución” contenida en el numeral 21 del art. 35, por cuanto las resoluciones se constituyen en instrumentos normativos de carácter interno del Concejo Municipal según se infiere del art. 18 del proyecto de COM de Pelechuco, y por lo cual no tendrían carácter vinculante para el ejecutivo municipal, el resto del numeral 21 y numeral 22 del artículo 35 en análisis, y numeral 28 del artículo 46, no debieron ser declarados incompatibles bajo el entendido de que estarían calificando bienes.