SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0333/2020-S1

En ese contexto; se tiene que, en un Estado constitucional de derecho, como lo asumido por el nuestro, que por voluntad del constituyente, se incorporaron en la Constitución Política del Estado, un conjunto de derechos y garantías constitucionales en favor de las personas, que constituyen al Estado Plurinacional de Bolivia, en un Estado garantista; lo cual, implica que, el Tribunal Constitucional Plurinacional, conforme al art. 196 de la CPE en su misión de precautelar por la vigencia de los derechos y garantías constitucionales, debe ajustar sus razonamientos al carácter progresivo y al principio de favorabilidad de los derechos fundamentales (arts. 13.I y 256.I de la CPE); en ese entender, es imperioso aplicar entendimientos y razonamientos más favorables y menos restrictivos para el acceso a la justicia constitucional en cuanto a su invocación de tutela vía las acciones de defensa, esta Magistratura luego de advertir dos entendimientos diferentes respecto de la exigencia de carga argumentativa traducida en requisitos para activar la vía constitucional cuando se denuncia vulneraciones en la actividad interpretativa de la legalidad ordinaria, acoge el criterio más favorable y garantista que asume la SCP 0410/2013 de 27 de marzo, que se constituyen en el estándar más alto de acuerdo a lo desplegado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo, y conforme a todo lo desarrollado y explicado en la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Consecuentemente, en atención a lo desarrollado precedentemente por la citada Sentencia Constitucional Plurinacional, la referida jurisprudencia, en el afán de hacer más accesible la justicia constitucional en relación a la interpretación de la legalidad, suprimió los requisitos de carga argumentativa exigidos por otras líneas antes vigentes, a efectos de que esta máxima instancia controladora de los derechos y garantías, ingrese a compulsar la interpretación de la legalidad ordinaria; lo cual, resulta un razonamiento progresivo de los derechos que implica el estándar más alto.