Auto Supremo AS/0973/2018-RRC

Teniendo presente que la cualidad o condición de servidor público no acompaña al individuo como algo propio a su estatuto personal y que el ejercicio de la función pública se proyecta en el interés social y no en cuestiones de fueros personales, laborales o contractuales, la determinación de la condición de servidor público a fines penales debe estar basada en cuestiones objetivas que no sólo contengan las formas en las que una persona se relaciona con la administración pública (proceso de designación, elección, nombramiento, etc.), sino en esencia vinculen un actuar típico con la lesión objetiva del bien jurídicamente tutelado por la Ley penal; dicho de otro modo, corresponderá al Juez penal determinar si a quien se le encausa la comisión de un delito propio a un servidor público, realiza funciones de tal índole y su actuación tenga vínculo entre la acción reprochada y la función desempeñada, pues una cosa es el carácter de servidor público, otra la del particular que transitoriamente cumple funciones públicas (como sería el caso del art. 150 bis del CP) y un muy distinta el particular vinculado al Estado a través de otra figura jurídica (como fuera el caso de un contrato de arrendamiento o venta de provisiones).

Asimilar en el concepto de servidor público a todos quienes tengan vinculación directa o indirecta con el Estado y sus instituciones (a través de la prestación de servicios recurrentes por ejemplo) deja abierta la posibilidad que cualquier persona indistintamente de la labor que desarrolle se convierta en servidor público para efectos de carácter penal, aspecto inadmisible en un Estado Social de Derecho; ya que, comportaría un entendimiento descontextualizado de la norma sobre cuestiones no susceptibles de ser adecuadas al objeto de la Ley 004 y la definición que sobre corrupción brinda la misma