Auto Supremo AS/0973/2018-RRC

En un primer acercamiento al principio de legalidad penal, las dificultades que su aplicación reporta no son notorias, al suponer que una sanción debe emanar del texto de la Ley, un ejemplo es la descripción del delito de Homicidio, que especifica el acto típico (matar), el bien jurídico protegido (la vida) y el sujeto activo (cualquier persona); sin embargo, en tipos penales de mayor complejidad que contienen o conceptos jurídicos indeterminados o condiciones especiales propias; es decir, cuando son presentes aspectos que hacen que la determinación de autoría o participación, dependa de la cualificación especial del agente, las condiciones para determinar su subsunción no son del todo sencillas; tal el caso de los delitos propios, dotados de una especial característica que es una determinada condición del sujeto activo; de modo tal, que no cualquier persona puede ser autor, la calidad especial del sujeto activo es determinante para la existencia del delito, y, en ausencia de la misma, la conducta sería atípica.

Por el progresivo y constante crecimiento de la Administración Pública, el Estado cada vez adopta diversas formas de cumplir sus objetivos, diversificando tanto las manifestaciones de las instituciones que lo componen y en medida de ello la vinculación con personas naturales y jurídicas adopta también varias formas. Si bien, esa gama de posibilidades se rige y ordena por un régimen jurídico especial, como el Derecho Administrativo y el Derecho Laboral, a los fines del Derecho Penal, surge la interrogante de quienes son pasibles a ser considerados servidores públicos.

Suponer que la distinción determinante para definir a una persona como servidor público sea su relación con la Administración Pública a partir de –como lo tiene el Derecho Administrativo- las formas de ingreso a la Carrera Administrativa, o un nombramiento o designación (incluidos quienes ocupasen cargos electivos), generaría un estado de impunidad, emergente de la diversidad de formas y regímenes jurídicos que hoy por hoy el Estado ha asumido para el desarrollo de sus fines. Por otra parte, una comprensión restrictiva que defina a un servidor público, solo dentro de un enfoque nacido en el Derecho Administrativo, generaría incertidumbre sobre aquellos quienes sin mediar ninguna de las formas descritas en este párrafo, ejercen funciones públicas o éstas les sean delegadas aunque de manera accidental