Los suscritos Magistrados expresan su voto disidente con la DCP 0031/2014 de 28 de mayo; en base a los siguientes argumentos jurídicos constitucionales:

Sin embargo, se debe recordar que el basamento fundamental del diseño constitucional boliviano en cuanto a la organización territorial es el principio de unidad, es decir, que sobre el régimen autonómico el constituyente evidenció su preocupación por reiterar y poner de manifiesto que la unidad es la columna vertebral del modelo de Estado, y por lo tanto el régimen de autonomías se funda en la indivisibilidad de la soberanía y del territorio boliviano, la cohesión interna y la aplicación uniforme de las políticas del Estado. Por tanto, el principio de autogobierno de ninguna manera significa soberanía, pues el art. 7 de la norma constitucional, establece que: “La soberanía reside en el pueblo boliviano…” y “De ella emanan, por delegación, las funciones y atribuciones de los órganos del poder público…”, funciones y atribuciones que deben ser ejercidas en el marco del aparato administrativo pactado en la Constitución Política del Estado, en el caso particular de la institucionalidad pactada para las autonomías municipales.

En ese marco, se puede observar que el principio de unidad en el modelo de las autonomías se traduce en una organización -del Estado- para todo el territorio nacional a través de mallas de áreas geográficas de administración, en la que los órganos del nivel central del Estado no ejercen la totalidad del poder público, sino a través de la participación en el ejercicio del poder de las ETA, en el marco de la distribución territorial del poder prevista por la norma constitucional.

La estructura y organización territorial del Estado que plantea la nueva norma constitucional, refleja una concepción amplia y compleja del Estado, compuesta por una pluralidad de organizaciones de carácter territorial dotadas de autonomías, cualidad autonómica otorgada por el nivel del Estado, de acuerdo al pacto constitucional, por lo que el propio constituyente delimitó el ámbito de la autonomía y autogobierno determinando inicialmente la conformación y las autoridades de las ETA (con excepción de las autonomías indígenas originarias campesinas), por lo que la autonomía no puede desarrollarse fuera de los márgenes constitucionales ya establecidos.

La autonomía, o poder de gestión de los respectivos intereses de las ETA, se ejerce en el marco de la norma constitucional, en consecuencia del principio de unidad y de la supremacía del interés de la totalidad, esta es la razón por la que los estatutos y cartas orgánicas pasan por determinados mecanismos de control, establecidos por el constituyente -referendo de acceso a la autonomía, control previo de constitucionalidad de estatutos y cartas orgánicas, referendo de aprobación de estatutos y cartas orgánicas-, estos mecanismos de control son implementados para una adecuado ejercicio de la autonomía, particularmente el control previo de constitucionalidad debe ser seriamente asumido por este Tribunal, al constituirse en único filtro jurisdiccional de los estatutos y cartas orgánicas, por lo que la contrastación del texto constitucional con los proyectos de estatutos y cartas orgánicas deben ser llevados a cabo de manera minuciosa y objetiva.