SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0005/2015

Los accionantes alegan la inconstitucionalidad de los arts. 1; 5; 6; 7; 10.IV; 12; 15.II; 17; 19.1; 20; y, 21.I.1 y 2 y, II; y, la Disposición Transitoria Única de la Ley 307; 4.I, II y III; 5; 10.I inc. c) y III inc. b); 11.I incs. a) y b) y, II; 19; 23.I, II, III y IV; 24.I, II y “II”; 25.I, II y III; 26.II; 27.II; 28.I y II; 29 incs. a) y b); 30 incs. a), b) y c); 32 incs. a) y b); 33; 34.I y II; 35; y, Disposiciones Transitorias Tercera y Séptima del DS 1554, que reglamenta la Ley 307; todos los artículos de los reglamentos aprobados por las Resoluciones Ministeriales 080/2013 y 081/2013, por la supuesta vulneración de los arts. 14.I, II y III; 15.II; 16; 47.I; 56.I y II; 103.I; 308; 311.II.5; 316.2; 318.I y V; y, 323.I de la CPE; sosteniendo que: a) Los preceptos impugnados constituyen una clara injerencia a un ámbito de relaciones privadas como son los productores e industriales cañeros, en detrimento de la iniciativa privada y el derecho a la libertad de empresa, al pretender regular internamente aspectos reservados exclusivamente para los particulares, sin necesidad de una intervención Estatal; b) Pretende imponer al sector privado modelos de contrato forzoso (convenios de cooperación y contratos de compra directa), fecha para su celebración y porcentajes de coparticipación, con el condicionante de homologación del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, en detrimento de la libertad de contratación; c) El hecho de haberse establecido un porcentaje en la pérdida fabril sin ningún estudio técnico, constituye una discriminación para uno de los sujetos intervinientes de la relación jurídica, ya que el menoscabo de la producción debió ser compartido entre las partes contratantes; d) Exigir una autorización para la creación y/o ampliación de las capacidades de producción de la agroindustria cañera, por parte del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural y el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, constituye un desincentivo para el sector agroindustrial y una desmedida intervención Estatal; e) Por mandato constitucional, el desarrollo de la ciencia, la investigación científica, técnica y tecnológica es responsabilidad Estatal; sin embargo, la creación de retenciones económicas para dichos propósitos, contravienen a la Ley Fundamental y provocan doble tributación para el sector privado, no obstante de estar sujeto a diferentes tributos legalmente establecidos, en detrimento de los principios de capacidad económica, igualdad progresividad, proporcionalidad, universalidad y no confiscatoriedad; asimismo, las multas y sanciones emergentes del incumplimiento de las retenciones, afectan valores constitucionales como la personalidad y la capacidad jurídica de las sociedades comerciales, en franca vulneración del derecho a dedicarse al comercio, a la industria, o cualquier actividad económica lícita, la iniciativa privada, libertad de empresa, el ejercicio de la actividad empresarial, la seguridad jurídica y la regulación de la economía sustentado en los principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad; f) Las medidas obligatorias de inventariación de seguridad de azúcar, equivalente al consumo nacional de dos meses, el almacenamiento en depósitos declarados e identificados, evaluación y balances periódicos, estimaciones previas a la zafra, reportes quincenales a la autoridad competente, sobre la producción, ventas internas y externas del azúcar, son medidas basadas en el desabastecimiento del mercado interno, panorama que no ocurre en la realidad nacional; por lo tanto, la exportación del azúcar no debió tener ninguna restricción, ya que a mayor abastecimiento interno y menor exportación con valor agregado, provoca un riesgo en los mercados internacionales; y, g) El incumplimiento de las obligaciones laborales y sociales según las normas impugnadas conllevan a la sanción de suspensión de la licencia de exportación del azúcar, sus productos principales y subproductos, sin considerar que el régimen de las normas laborales ya establecen sanciones administrativas en contra de los empleadores; por lo tanto, las normas impugnadas determinan una doble sanción por un mismo hecho.