SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0639/2019-S2

[16]En el Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua, a través de la Sentencia de 29 de enero de 1997 sobre Fondo, Reparaciones y Costas, en el párrafo 74, señala: “El artículo 8 de la Convención que se refiere a las garantías judiciales consagra los lineamientos del llamado `debido proceso legal´ o `derecho de defensa procesal´, que consisten en el derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra o para la determinación de sus derechos de carácter civil, laboral, fiscal u otro cualquiera” (las negrillas son incorporadas).

[23]El FJ III.3, indica: “Así, respecto a la facultad sancionadora del Estado, constituida no solo por el derecho penal, sino también por el derecho administrativo sancionador , es evidente que, en virtud al principio de supremacía constitucional (art. 410 de la CPE), las normas sustantivas y procesales que se crean para el efecto, deben estar enmarcadas en las normas constitucionales, donde tiene un rol fundamental la parte dogmática de la Constitución Política del Estado, pero también en las normas que forman parte del bloque de constitucionalidad”.